La Eurocámara aprueba las nuevas reglas fiscales y España tendrá que remitir su plan de ajuste antes del 20 de septiembre

Antes del 20 de septiembre de este año el Gobierno tendrá que enviar a Bruselas sus planes a medio plazo describiendo sus objetivos de gasto y cómo planean acometer inversiones y reformas para aumentar el crecimiento. Puesto que por ahora España está en la lista de países con niveles elevados de déficit y deuda, la Comisión le remitirá al Gobierno orientaciones para cumplir los objetivos de gasto y si lo solicita el Gobierno, podrá negociarlas previamente.

El principal cambio respecto a las reglas anteriores es que el control de los desequilibrios se proyectará en un plan a medio plazo. Los países con exceso de deuda tendrán que reducirla, de media, un punto porcentual al año si se sitúa por encima del 90% del PIB, como es el caso de España, y en 0,5 puntos si está entre el 60% y el 90% del PIB. En caso de que el déficit supere el 3% del PIB, habrá que reducirlo en los periodos con crecimiento para alcanzar un saludable 1,5% de déficit.

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Este es el último pleno del parlamento antes de las elecciones por lo que se supone que el último trámite que aun falta, la aprobación formal por parte del Consejo, es decir, los ministros de los países miembros, se llevará a cabo en los próximos días. Una vez publicado en el boletín oficial, entrará en vigor a los 20 días.

El ejercicio de 2024 queda a criterio de la Comisión Europea, que también está en los últimos meses de su mandato, y que aplicará las reglas antiguas pero con la vista puesta en las nuevas, de modo que se considera altamente improbable que se introduzcan sanciones.

Los países tendrán que presentar sus propios planes fiscales de cuatro años, con la posibilidad de ampliar el periodo de ajuste fiscal a siete años para permitir la ejecución de las inversiones y reformas estratégicas. Los eurodiputados garantizaron que esta prórroga puede concederse por cualquier motivo que el Consejo considere adecuado, sin limitarlo a criterios específicos.

Las salvaguardas incorporan umbrales de referencia para todos los países con el fin de garantizar una reducción efectiva media anual de un punto porcentual de la ratio de deuda para países en los que se supere el 90% y 0,5% para los que estén entre 60% y 90%.

También se establece un margen fiscal de déficit estructural del 1,5% del PIB por debajo del 3% en el brazo preventivo y una velocidad de ajuste del déficit estructural primario para estos países del 0,4% del PIB al año, que podrá reducirse al 0,25% en caso de extensión de cuatro a siete años.

Para facilitar la transición al nuevo marco, se establece un tratamiento especial de las reformas e inversiones de los planes de recuperación asociados a los fondos europeos, así como de la cofinanciación nacional de otros fondos europeos. Se centra en un único indicador para todo el periodo de ajuste, que será la senda de gasto para cada país, recogiéndose en una «cuenta de control» las posibles desviaciones acumuladas.

A petición de los eurodiputados, los países con déficit o deuda excesivos pueden demandar la apertura de un proceso de debate con la Comisión antes de recibir orientaciones sobre la trayectoria del gasto. Un Estado miembro podrá solicitar que se presente un plan nacional revisado si existen circunstancias objetivas que impidan su aplicación como por ejemplo un cambio de gobierno.

Durante el debate, el eurodiputado del grupo del PP europeo Markus Ferber defendió que esta reforma «constituye un nuevo comienzo y un retorno a la responsabilidad fiscal». «El nuevo marco será más simple, predecible y pragmático. Sin embargo, las nuevas normas solo pueden ser un éxito si la Comisión las aplica adecuadamente», arguyó.

Por su parte, la eurodiputada socialista Margarida Marques afirmó que estas reglas «proporcionan más espacio para la inversión y la flexibilidad para que los Estados miembros suavicen sus ajustes y, por primera vez, incluyen una auténtica dimensión social».

«La exención de la cofinanciación de la norma de gasto permitirá la elaboración de políticas nuevas e innovadoras en la Unión Europea», dijo, tras señalar que «ahora necesitamos una herramienta de inversión permanente a nivel europeo para complementar estas normas».