El INE aflora el impacto
Los españoles encajan el golpe de la nueva tasa de basuras: el servicio se encarece un 30% hasta septiembre
Estadística refleja un incremento sin precedentes en la seria histórica tras la entrada en vigor del nuevo gravamen, contra la opinión de los ayuntamientos
Una revuelta municipal trata de echar abajo la tasa obligatoria de basuras impuesta por el Gobierno
Recogida de basuras en Madrid
Nueve meses después de que algunos municipios españoles empezaran a aplicar la nueva tasa obligatoria de basuras impuesta por el Ejecutivo, y cinco meses después de que su implementación se convirtiera en obligatoria para todos ellos -más de 8.000 ayuntamientos-, la estadística oficial ... de precios ya ofrece un dato capaz de cuantificar el efecto que esto ha tenido sobre el bolsillo de los españoles, por el momento.
El pasado mes de septiembre, la recogida de basuras fue un 30% más cara para los contribuyentes españoles que apenas un año antes, según los datos de IPC publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de una subida sin precedentes en la serie histórica y que lógicamente se explica por la aplicación del nuevo impuesto, que se suma, además, a los que los ciudadanos ya venían pagando por el servicio de recogida de basuras a través de otras partidas (el IBI u otros gravámenes, dependiendo del ayuntamiento).
Concretamente, las cifras de Estadística reflejan una primera subida en enero de 2025, cuando el IPC de esta partida rompió con años de estabilidad (en línea con el IPC general) y subió un 6% con respecto al último mes de 2024, a medida que los primeros consistorios empezaban a implementar la tasa. Luego fue incrementándose paulatinamente a lo largo del año, hasta que el pasado mes de septiembre se disparó de golpe; si en agosto el indicador acumulaba un incremento anual acumulado (desde enero) del 14%, en septiembre este ya estaba en el 30%.
Lógicamente, esto se debe a la llegada masiva del nuevo recibo a los hogares españoles, después de que el pasado 10 de abril la implementación de la medida se convirtiera en obligatoria. Concretamente, los ayuntamientos españoles están obligados a cobrar un impuesto especial para cubrir el 100% del coste de la recogida de residuos, lo que cambia de arriba a bajo el modo en que los consistorios gestionan este servicio, ya que hasta ahora muchos permitían que fuera deficitario -para evitar recargos en el IBI- y lo compensaban vía presupuestos.
Frente a la opinión de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) e incluso de los inspectores de Hacienda, que consideran que la norma es una invasión de sus competencias -la Ley de Haciendas locales da a los ayuntamientos la exclusiva para la imposición de tasas-, el Ejecutivo de Pedro Sánchez siempre se ha escudado asegurando que el nuevo gravamen es una imposición de Bruselas. Sin embargo, y como ya explicó ABC, la Comisión Europea dejó claro que, mientras se cumpla el objetivo de la directiva -la reducción de la generación de residuos-, corresponde a cada país escoger cómo hacerlo.