España mueve ficha para mejorar su atractivo como destino de los teletrabajadores europeos

Una veintena de países europeos, 18 para ser exactos, acaban de rubricar un acuerdo marco para clarificar el marco regulatorio aplicable a estos profesionales, cuyos hábitos de trabajo han superado claramente los márgenes de la legislación europea para los trabajadores transfronterizos. España, embarcada desde hace meses en una estrategia más a nivel local que estatal para convertirse en destino de estos nómadas digitales, se ha adherido a este acuerdo, consciente de que sus conexiones aeroportuarias con Europa y su clima le convierten en un ganador potencial de esta tendencia a la deslocalización laboral.

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El acuerdo aprovecha el margen de maniobra que proporciona el reglamento europeo que coordina la aplicación de los sistemas nacionales de Seguridad Social a los trabajadores desplazados para establecer excepciones a su principio general: que estos trabajen según la normativa vigente en sus países de residencia (es decir, de aquellos en los que desempeñan su trabajo). El documento, firmado el pasado 30 de junio, establece que los teletrabajadores transfronterizos se sujetarán al régimen de Seguridad Social del país donde tenga la sede su empresa, siempre que el teletrabajo transfronterizo realizado en el lugar de residencia del trabajador no supere el 50% de su jornada laboral anual.

La disposición supone una excepción al reglamento europeo que regula la materia, que fija como principio general que los trabajadores europeos deberán sujetarse al marco regulatorio donde desarrollen su trabajo de forma habitual. El reglamento que regula la materia fija como principio general que los trabajadores europeos deben sujetarse al marco regulatorio vigente donde desarrollen su trabajo de forma habitual.

En su actual formulación, establece que las personas que ejerzan su actividad profesional en más de un país miembro estarán sujetas a la legislación del Estado miembro en que residan, «si ejerce una parte sustancial de su actividad en dicho Estado miembro», o a la legislación del Estado miembro de su empleador «siempre que dicha persona no ejerza una parte sustancial de sus actividades en el Estado miembro de residencia». El acuerdo aclara que para los 18 países firmantes esa ‘parte sustancial’ se dará solo si realiza más del 50% de su jornada laboral anual en el país en el que están desplazados de forma habitual.

El acuerdo, que ha sido suscrito por Alemania, Suiza, Liechtenstein, República Checa, Austria, Países Bajos, Eslovaquia, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia, Noruega, Portugal, Suecia, Polonia, Croacia, Malta, España y Francia, requiere para su activación de una solicitud formal de teletrabajo en un tercer país por parte del trabajador, queda restringido al trabajo a distancia habilitado por tecnologías de la información y solo es aplicable a trabajadores por cuenta ajena, por lo que no podrán acogerse a sus condiciones los autónomos.