Los ERE inundan los despachos laboralistas en el inicio de 2024

Estos son casos de empresas muy conocidas que han aparecido en los medios de comunicación en los últimos meses. Pero hay muchas medianas y pequeñas compañías que están en proceso de reestructurar sus plantillas, según han confirmado a ABC distintos despachos de abogados especializados en asuntos laborales.

En la mayoría de casos, estas compañías vinculan los procesos de ajuste de plantilla a una fuerte erosión de su posición financiera en los últimos años debido primero a la tormenta perfecta de desequilibrios geopolíticos que ha resultado en una crisis de inflación sin precedentes y que ha elevado en un 25% los costes de producción en los últimos dos años -según datos de Cepyme-, pero también por el aluvión de costes laborales que ha impuesto el Gobierno en algunas de las últimas normas aprobadas. Sin ir más lejos, la segunda parte de la reforma de pensiones acarreará un incremento de los costes laborales de 5.000 millones para las empresas -por el alza de las bases máximas y la nueva cotización del mecanismo de equidad intergeneracional- y que se ha visto redondeado con el alza del salario mínimo interprofesional (SMI) de un 5%, que añadirá otros 3.000 millones de costes para las empresas con personal sujeto a esa referencia.

Sin embargo, esta coyuntura podría agravarse de cara a la presente legislatura en la que el Ministerio de Trabajo pretende abordar una reducción de la jornada laboral, acortando de 40 a 37,5 las horas de trabajo semanal permitidas por ley. Una reducción que ya advierten los economistas consultados por ABC que en el extremo de afectar a la totalidad de la población ocupada podría elevar los costes laborales en otros 64.000 millones. Además, de fondo está la esperada reforma del sistema de indemnizaciones por despido que el gabinete dirigido por la vicepresidenta Yolanda Díaz ya ha anunciado como parte de su plan normativo, y que pretende vincular el coste de la reparación en caso de ceses injustificados a la situación individual del afectado, al tiempo que abre la puerta a cuantías mayores al actual sistema tasado de 20 días por año trabajado.

Esta cuestión económica, señalan los expertos de Hays -empresa especializada en gestión de recursos humanos- es la que más preocupa a los empleadores de cara a la expansión de los negocios. Un 36% de las empresas encuestadas sobre tendencias para el presente ejercicio apuntan a esta circunstancia como el principal obstáculo para su actividad.

«Tengo varios ERE encima de mi mesa», afirma Montse Rodríguez, socia directora de laboral en BDO Abogados. «Hasta ahora era un pequeño goteo, con algún despido individual, el cierre de una tienda, la simplificación de la estructura directiva..., pero el incremento de los costes laborales, los energéticos y la subida del SMI hacen insostenible la vida de, sobre todo, las empresas más pequeñas», explica. Y añade que, «por ejemplo, el pequeño comercio tiene más costes (materiales, transporte, alquiler) y menos ventas, por lo que no puede repercutir en sus artículos esos incrementos».

Una de las quejas que exponen los empresarios que acuden a BDO Abogados es que la anunciada reducción de la jornada laboral hasta 37,5 horas generará más costes para las compañías. También la subida del salario mínimo a 1.323 euros. «El SMI no está bien definido, debería ser por facturación. Somos un país de turismo y de servicios, cuyas empresas difícilmente aguantan incrementos del salario mínimo», afirma Montse Rodríguez, que prevé un aumento de ERE hasta el verano.

«El año ha empezado fuerte, tengo ya varios ERE en la agenda», dice Jorge Aranaz, socio de Laboral de Cuatrecasas. «Sobre todo son empresas pequeñas, de entre 50 y 100 empleados, que llevan un tiempo ajustándose con, por ejemplo, reducciones de salarios». Aranaz cree que a partir del segundo trimestre se acentuarán estas medidas y afirma que uno de los temas que más preocupan a los empresarios es la anunciada rebaja de la jornada laboral. «Para las empresas intensivas, con tres turnos de 8 horas, supone un gran problema de organización y un incremento de los costes laborales».

También se quejan los empresarios de la complejidad legislativa. Sobre la reforma laboral y las nuevas medidas anunciadas, este prestigioso abogado afirma que «el Ministerio de Trabajo elabora más medidas de las que hace falta» y, sobre la ruptura del diálogo social, explica que «la imposición agresiva va horadando cualquier negociación futura; es malo para todas las partes».

En esta línea, asegura el socio director de Labormatters, Alfredo Aspra, que efectivamente la tendencia en 2024 está siendo la de elaboración de planes de contingencia «de todo tipo». Y aunque admite que se están poniendo sobre la mesa varias fórmulas para elaborar ajustes como el ERE -siendo el sector tecnológico uno de los que va más anticipado en los procesos, la mayoría ya concluidos en el pasado 2023-, señala que también se están produciendo numerosos movimientos sobre flexibilidad interna de la compañía y de revisiones salariales.

Aspra señala como elemento catalizador de esta coyuntura la fuerte incertidumbre que ha aflorado entre los empleadores el tsunami legislativo que ha propiciado el Gobierno. «Se han aprobado 28 medidas laborales desde el estallido de la pandemia», dice Aspra advirtiendo de que esta circunstancia atenaza y asfixia a los negocios al adaptarse a la nueva legislación.

«Los ERE están concentrando las consultas de las empresas que se plantean abordar planes de reestructuración», explicaba recientemente Álvaro García, socio de Everfive, en una conversación con ABC sobre esta tendencia. De hecho, si analizamos la última entrega estadística del observatorio del Ministerio de Trabajo sobre procedimientos de ajuste de plantilla se observa un fuerte repunte en el apéndice específico de despidos colectivos. A mes de noviembre de 2023 -último dato disponible- había en España 3.204 trabajadores afectados por un despido colectivo, un 40% más que en el mismo periodo del año anterior, la mayoría en el sector servicios.