Yolanda Díaz anuncia una reforma exprés que eliminará los despidos automáticos en casos de invalidez permanente

Así lo anunció Díaz este viernes durante su intervención en la clausura de unas jornadas de UGT sobre el futuro del empleo, en la que comunicó que esta medida se pondrá sobre la mesa para cumplir con la normativa comunitaria. La alternativa legal, pasaría porque en lugar del despido el empresario trataría en primera instancia de buscar un acomodo al trabajador en otras funciones de la compañía, antes de resolver definitivamente la relación labora -se daría en caso de no existir una alternativa de empleabilidad para la persona que cause invalidez permanente-.

«Las personas que sufren una invalidez permanente de distintos grados, algunas de ellas llevan asociadas la extinción del contrato de trabajo. Pues bien, vamos a emprender una modificación legislativa para que las personas con invalidez permanente y que están afectas a la legislación en vigor, no se produzca automáticamente el despido de las mismas», explicaba la vicepresidenta Díaz asegurando que el Gobierno emprenderá en los «próximos días» la reforma legal.

«Lo que estamos haciendo ahora es acoplar y desarrollar uno de los déficits que tenemos, que es la extinción automática en una serie de casos de invalidez permanente», señalaba la titular de Trabajo frente al líder de UGT, Pepe Álvarez, explicando que esta reforma del despido en el caso de invalidez, una reclamación de Cermi, se hará «con carácter inmediato», de la mano del diálogo social y como una «separata» de la reforma global del despido.

Precisamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró este jueves que la normativa española, que permite el despido de un empleado con discapacidad permanente de su empresa, es contraria a la directiva europea relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación suscrita en el año 2000.

Esta declaración del TJUE llega tras una consulta realizada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Islas Baleares para conocer la compatibilidad del derecho español con la obligación que tiene el empresario de realizar «ajustes razonables» (colocar el empleado en otro puesto de trabajo antes de despedirle) prevista en la directiva europea. Asimismo, se produce después de que el trabajador en cuestión recurriera la desestimación de una demanda que interpuso contra su empleador por despedirle tras ser declarado con incapacidad total después de sufrir un accidente laboral en la misma empresa.

En este sentido, la sentencia dictada por el TJUE avisa de que la directiva europea se opone a la normativa española que establece que «el empresario puede poner fin al contrato de trabajo por hallarse el trabajador en situación de incapacidad permanente para ejecutar las tareas que le incumben en virtud de dicho contrato debido a una discapacidad sobrevenida durante la relación laboral».