Las empresas públicas del Estado regatean la subida salarial de 2022 a más de 100.000 empleados

Las plantillas de empresas tan emblemáticas del tejido empresarial público como Renfe, Correos, Aena, Paradores o Navantia sobreviven al golpe de la inflación con las mismas nóminas del año pasado a la espera de que se desbloquee la congelación 'de facto' a la que se ha condenado a sus salarios a tres meses del fin del año. La lista es más larga e incluya también a Puertos del Estado, Isdefe, Fundae, Enusa o Enresa.

La situación ha llevado al sindicato CSIF a remitir una carta al Ministerio de Hacienda exigiendo el desbloqueo de la negociación salarial para evitar que el problema se enquiste. No es la primera vez que sucede y hay precedentes inquietantes. Un caso es el de Paradores, cuyos trabajadores a día de ayer aún no habían ingresado la subida salarial del 0,9% correspondiente a 2021, según confirman fuentes del sindicato.

«El asunto se tiene que solucionar antes de que acabe 2022 y hay que poner sobre la mesa la pérdida de poder adquisitivo a la que esta situación nos está condenando«, señala una fuente del área Pública de CSIF.

El problema afecta a una parte importante de la red de empresas públicas propiedad del Estado pero la casuística es diversa. Algunas empresas estatales, como Renfe o Navantia, aseguran que la subida está pendiente de que se renueve el convenio colectivo, que venció en 2021; otras como Correos dicen estar pendientes de un acuerdo con los representantes de los trabajadores; en otros casos se dice que los sindicatos planteaban subidas salariales más importantes.

La legislación obliga a las empresas estatales a sujetarse a la subida general establecida en los Presupuestos del Estado, que para 2022 fue del 2%, pero en el caso de las empresas públicas esa subida afecta a la masa salarial y se puede distribuir de forma no lineal en función de los acuerdos a los que se lleguen con los representantes de los trabajadores.

A este cuadro hay que añadir que las empresas públicas deben cumplir también con los parámetros para la negociación salarial que se establecen a las empresas del Estado desde el Ministerio de Hacienda y que en algunos casos han hecho que acuerdos entre empresas públicas y sindicatos hayan sido bloqueados por ir más allá de lo que permitía Hacienda. De hecho, varias fuentes consultadas remitían al Ministerio a la hora de buscar una explicación de por qué no se había aplicado la subida de 2022.

Fuentes de Hacienda aseguran que el estudio de los acuerdos por parte de Hacienda es un procedimiento reglado y que no tiene mayor misterio que cumplir lo que fijan los presupuestos. Mientras tanto, 100.000 trabajadores esperan su subida salarial de este año.