Las empresas cargarán con más de 5.000 millones extra en cotizaciones

Lo más inmediato llegará en enero. Con el comienzo del año la triple subida de cotizaciones sociales asestará a las empresas un rejonazo de más de más de 5.000 millones. El principal coste procederá del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que se aplica sobre la totalidad de las rentas salariales de los trabajadores y que en 2024 ascenderá al 0,7%. El coste total para empresas y trabajadores será de 3.702 millones de euros, lo que supone 780,5 millones más que en el pasado ejercicio -el coste de la décima de incremento de la cuota desde el 0,6% que se aplica desde enero y que proveerá a la hucha de las pensiones un montante de 2.922 millones a cierre del año-.

Además, desde enero comienzan a convivir las dos sendas de subida de las bases máximas de cotización a la espera de que en 2025 el incremento sea por tres vías por el inicio de la aplicación de la cuota de solidaridad que se cargará sobre las nóminas que rebasen el tope máximo de cotización en cada momento. El próximo ejercicio es el primero de los siguientes tres lustros en el que la base máxima crecerá el IPC más 1,2 puntos porcentuales correspondientes al destope previsto en la reforma de pensiones -sólo por esta vía el tope de cotización crecerá un 38% hasta 2050-. El Gobierno estima que esos 1,2 puntos de destope tendrán un coste para los trabajadores afectados y sus empleadores de 308,5 millones.

A este segundo alza de las cotizaciones se sumará el de las bases máximas con el IPC, que los analistas sitúan en el entorno del 3,6 o 3,8%. Con este incremento, el sueldo más alto que cotiza a la Seguridad Social quedará en 4.720,1 euros mensuales y 56.641 euros anuales y su coste llegaría a 980 millones.

En suma, las tres medidas supondrían una factura extra en cuotas sociales de 4.990 millones para el conjunto del año. Teniendo en cuenta que el mecanismo de equidad se cobra desde enero de 2023, el coste en pureza para empresas y trabajadores para el próximo año sería de 2.068 millones.

Evolución de la base máxima

de cotización a la Seguridad Social

En euros mensuales

(*): Previsión sumando el IPC más destope del 1,2%

Crecimiento

+25,8%

3.000

2010

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2024

Fuente: Presupuestos Generales del Estado y Seguridad Social

ABC

Evolución de la base

máxima de cotización

a la Seguridad Social

En euros mensuales

3.000

2010

3.198,0

3.230,1

2011

3.262,5

2012

3.425,7

2013

3.597,0

2014

3.606,0

2015

3.642,0

2016

3.751,2

2017

3.751,2

2018

4.070,1

2019

4.070,1

2020

Crecimiento

+25,8%

4.070,1

2021

4.139,4

2022

4.495,3

2023

4.720,1*

2024

(*): Previsión sumando el IPC más destope del 1,2%

Fuente

Presupuestos Generales del Estado y Seguridad Social

ABC

La base máxima es la retribución salarial a la que se aplican los tipos de cotización para determinar la cuantía que empresas y trabajadores aportan mensualmente a la Seguridad Social para el pago de pensiones y bajas médicas. Elevar esta cuantía salarial máxima sujeta a la tributación de las cotizaciones supone ampliar la recaudación del sistema, ya que los tipos, que son un porcentaje, se aplican sobre bases más amplias. Son los empresarios los que pagan el grueso de las cotizaciones sociales por sus trabajadores, por lo que estos incrementos afecta a aquellos que tienen empleados con salarios más elevados, lo que a juicio de los expertos castiga a los empleos de más cualificación.

Pero el aumento de los costes empresariales no va a quedar ahí. Es previsible que la situación se agrave con la reducción de la jornada laboral sin recorte de sueldo que han pactado el PSOE y Sumar. Fuentes empresariales consultadas por ABC, calculan que cada hora de trabajo que se recorte, pero se siga pagando, tendría un coste laboral general para la empresas de 15.000 millones -es decir, la reducción prevista de 1,5 horas para 2024 hasta las 38,5 horas semanales agregaría costes por valor de 22.500 millones para los empleadores-. Si bien, también precisan que una parte «se vería compensada por incrementos de productividad».

En la parrilla de salida está también una nueva subida del salario mínimo (SMI). El último incremento fue del 8%, lo que llevó el indicador hasta los 1.080 euros mensuales y supuso un aumento de cotizaciones en el rango salarial más bajo de 1.100 millones de euros. Ahora, los sindicatos pretenden arrancar al Gobierno una actualización del 11% para llegar a los 1.200 euros al mes y Yolanda Díaz es receptiva. Desde que gobierna Pedro Sánchez el SMI ha subida más de un 50%.

La vicepresidenta segunda ha impuesto a Pedro Sánchez un programa de gobierno que vuelve a situar a la economía en primera plana con medidas intervencionistas que supondrán más cargas para las empresas. En las 230 medidas acordadas figuran iniciativas como la mejora del despido vinculándolo a la causalidad y la carta social europea, la aprobación de permisos remunerados para la conciliación familiar y la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento hasta las 20 semanas. Hay también un sitio destacado para el endurecimiento del Impuesto sobre Sociedades para evitar que las grandes empresas hagan «ingeniería fiscal». Díaz pretende recaudar 10.000 millones por esta vía. Y se suman otras medidas como perpetuar el impuesto a la banca y las energéticas, así como una mayor intervención bajo el paraguas de la ley de vivienda.

Como ya avanzó este diario, el debate del despido llegó a la mesa del Ministerio de Trabajo de la mano de UGT y CC.OO. Ambos han llevado el caso español al Comité Europeo de Derechos Sociales por entender que el despido improcedente tiene una baja indemnización que no cumple con la Carta Social Europea suscrita por España en 2021. Tardó poco la vicepresidenta en unirse a la batalla sindical y en la parrilla de salida está un nuevo concepto de despido «reparativo» o «restaurativo» dirigido a paliar lo que entiende como el daño causado a los afectados por una extinción improcedente. Su opción es aplicar indemnizaciones diferenciadas según la situación del afectado, dado que entiende que los perjuicios son también diferentes según los casos.

Tras la reforma laboral de 2012, la indemnización improcedente quedó en 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades (hasta esa fecha era de 45 días y 42 mensualidades). También se eliminó la obligación de que los empresarios pagaran los salarios dejados de percibir (salarios de tramitación) si optaban por no readmitir al trabajador y pagarle la indemnización y se eliminó la autorización administrativa previa para los despidos colectivos. Esta última medida fue revertida tras un acuerdo con EH Bildu en 2022 que permitió a la Inspección de Trabajo volver a controlar los ERE.