Embargadas en Bélgica las tasas aéreas que España recauda vía Eurocontrol por el impago de las renovables
La disputa en cuestión se corresponde con el caso RREEF, cuyo laudo fue dictado en 2019 pero sigue pendiente de pago
La empresa invirtió en el desarrollo de varias plantas de energía renovable en Andalucía y se vio afectada por los recortes retroactivos de las primas renovable
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El pasado 12 de julio de 2025, el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas autorizó el embargo ejecutivo de las cuentas bancarias del operador público español de navegación aérea ENAIRE. Se trata de los fondos recaudados por Eurocontrol (Organización Europea para la Seguridad de ... la Navegación Aérea), en concepto de tasas aéreas por el uso del espacio europeo.
La decisión llega tras el impago reiterado del laudo dictado en el caso RREEF Infrastructure GP Ltd vs Reino de España (caso CIADI nº ARB/13/30), en el que se condenó al Estado español a indemnizar con 59,6 millones de euros, más intereses de demora, a esta firma, por los recortes retroactivos a las primas renovables.
Los abogados del Reino de España, representados por el bufete NautaDutilh, invocaron la decisión de la Comisión Europea del 10 de noviembre de 2017 para oponerse a la ejecución, alegando que mientras siga abierta la investigación comunitaria no se pueden ejecutar laudos derivados del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Según esta tesis, los laudos intra-UE están prohibidos y esa prohibición se extiende también a la justicia belga.
Sin embargo, el argumento fue rápidamente desmontado por los abogados del caso RREEF, del bufete Loyens & Loeff, al señalar que la matriz inversora está domiciliada en suelo británico, fuera del alcance jurisdiccional de la UE. Al constatar esta certeza, la jueza belga, Els De Breucker, falló a favor de RREEF, que ha gestionado el caso a través de Blasket Renewable Investments, y ordenó el embargo.
Un conflicto nacido de los recortes a las primas renovables
La inversión de RREEF se remonta a los años 2007-2010, en proyectos eólicos y solares en Andalucía, bajo el esquema de primas garantizadas (feed-in tariff) promovido por el propio gobierno de España. Tras atraer a inversores internacionales, el Ejecutivo cambió las reglas del juego de forma retroactiva, con distintos cambios entre 2010 y 2014 que alteraron el esquema retributivo propuesto originalmente, modificándolo de hecho de manera retroactiva.
El tribunal del CIADI que dirimió la disputa entre RREEF, al amparo del TCE, concluyó que España violó el estándar de Trato Justo y Equitativo (FET, por sus siglas en inglés), así como los principios de estabilidad y transparencia, al alterar de forma retroactiva las condiciones prometidas a los inversores.
El laudo, dictado en 2019, impuso una indemnización de 59,6 millones de euros. A esta cifra hay que sumarle la acumulación de intereses desde el 30 de junio de 2014 a una tasa del 2,07%, así como distintas condenas en costas sufridas por España, lo que eleva el total pendiente de pago a unos 73 millones de euros.
El fallo de la justicia belga ordena a Eurocontrol notificar a ENAIRE en un plazo máximo de 15 días. Las cuentas embargadas mueven hasta 500 millones de euros al año en tasas aéreas, con especial volumen en los meses de verano. Cualquier perturbación en estos flujos podría tener un impacto sobre los servicios aéreos comerciales y de carga.
Más de 25 laudos pendientes de pago
España acumula un total 26 laudos pendientes de pago por el caso de las renovables, con una deuda cercana a los 1.493 millones de euros debido al principal de estas decisiones. A esa cifra hay que sumarle alrededor de 180 millones en concepto de intereses de demora, así como el impacto de las condenas en costas, que rebasan los 90 millones. Si a esta cifra le sumamos los honorarios dedicados a la contratación de consultores y bufetes, encontramos que las obligaciones derivadas de los impagos rondan los 1.865 millones de euros. Ningún otro país tiene un mayor número de condenas arbitrales en situación de impago, y solo Venezuela y Rusia comparten con España el dudoso honor de figurar como deudores reincidentes.
Este nuevo varapalo legal llega apenas unas semanas después de que el gobierno español accediera a pagar —por primera vez— uno de estos laudos, referido al caso del grupo japonés JGC. Por tanto, los afectados reiteran su disposición a negociar y recuerdan que la resolución de la actual circunstancia requiere de dinámicas constructivas que permitan zanjar los impagos acumulados, evitando nuevas situaciones como el embargo que ahora se autoriza.
Así pues, en relación con el caso RREEF y con el resto de disputas que siguen pendientes de pago, los afectados piden al gobierno de España que actúe con pragmatismo y facilite un acuerdo constructivo para todas las partes. Esto contribuiría a poner fin a los embargos de bienes por parte de la justicia de terceros países y facilitaría un mayor grado de seguridad jurídica en el ámbito de las inversiones requeridas por la transición energética.
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