CSIF rebaja las expectativas de una conversión masiva de interinos tras la sentencia del TJUE

En este sentido, el principal sindicato del colectivo de funcionarios y de los 3,5 millones de empleados públicos de nuestro país rebaja las expectativas que en un principio se había elevado al conocer el contundente fallo de la Justicia comunitaria en el que al margen de constatar el abuso en la contratación temporal por parte de la Administración, también señala importantes deficiencias normativas para reprimir esta mala praxis por parte de los poderes públicos, y por última insta a que la Justicia doméstica sentencie la conversión de interinos de larga duración en fijos ordinarios.

Aunque son más de un millón los empleados públicos con contrato temporal, los expertos juristas consultados por ABC descartan que el fallo del TJUE resulte en un cambio normativo de carácter general propiciado desde el organismo responsable, el Ministerio de Función Pública, sino que serán los tribunales los de deberán ir estudiando «caso por caso», tal y como advierte el socio director de Labormatters Abogados, Alfredo Aspra.

«Como hemos venido denunciando, los procesos selectivos realizados en el pasado no han sido garantía para la estabilización del empleo público, por su lentitud y porque en muchos casos ni siquiera se han llegado a ejecutar. Las medidas disuasorias tampoco han sido efectivas», lamenta el sindicato CSIF en un comunicado hecho público este viernes en el que exige «endurecer la responsabilidad de las administraciones que no cumplan y eliminar de una vez la tasa de reposición».

La sentencia, por otra parte, establece que los tribunales españoles tienen la posibilidad de modificar la jurisprudencia para atender situaciones como las de los tres casos de personal laboral indefinido no fijo analizados por el TJUE. «Pedimos, por tanto, prudencia y que no se generen falsas expectativas a corto plazo. La sentencia se refiere únicamente a los casos analizados por este tribunal», avisó CSIF.

En este punto, los representantes del colectivo de empleados públicos reclaman a las administraciones españolas que la interinidad en la Función Pública no supere el 8% a partir del 31 de diciembre de 2024 «tal y como marca la ley», según ha denunciado este viernes, tras la sentencia de ayer del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la que pone en evidencia el abuso de la contratación temporal durante los «últimos decenios».

El sindicato presidido por Miguel Borra expresa así su preocupación porque la temporalidad en las administraciones «sigue estancada» en el 30%, tomando como referencia los datos de la EPA y reitera que los procesos selectivos realizados en el pasado no han sido garantía para la estabilización del empleo público. De hecho, desde el sindicato vienen reclamando al Gobierno que no levante el acelerador en las Ofertas Públicas de Empleo, que han alcanzo niveles récord en los últimos ejercicios, pero que por la lentitud para la adjudicación de plazas junto al incremento paulatino de las salidas por jubilaciones no logran cerrar la brecha de personal en la Administración.