La CNMC critica la reforma de la tarifa regulada de la luz propuesta por el Gobierno

La nueva normativa es una exigencia de Bruselas a cambio de permitir la excepción ibérica al precio del gas

Cani Fernández, presidenta de la CNMC EFE

La CNMC ha examinado la propuesta de real decreto enviada por el Ministerio para la Transición Ecológica que modifica la metodología de cálculo de la tarifa regulada de la luz o precio voluntario para el pequeño consumidor (pvpc) y critica diversos aspectos del mismo, ... además de proponer su aplazamiento.

La nueva normativa reduce la indexación de la tarifa regulada al mercado diario e intradiario de electricidad mediante una indexación progresiva al mercado a plazo para que, en teoría, bajen los precios.

Así, las referencias de los mercados de futuros representarían el 25% en 2023, el 40% en 2024 y el 55% en 2025.

Aunque el real decreto debería haber entrado en vigor este mes, sobre todo porque fue una de las exigencias de Bruselas para aceptar la excepción ibérica al precio del gas, aún está tramitándose y todavía debe de pasar por el Consejo de Estado, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

El informe de Competencia afirma que con la metodología propuesta «se incrementa el coste del suministro de las comercializadoras de referencia al incorporar un componente de riesgo de volumen y, por otra, se añade un término adicional de apuntamiento de los precios para reforzar la señal de precios de mercado de contado, que incrementa en determinados escenarios el coste para el consumidor con respecto a lo que representaría una cesta de productos de mercado de contado y de mercado a plazo».

Añade que «sería conveniente realizar un análisis de la metodología propuesta del pvpc una vez finalice la aplicación del mecanismo de ajuste (excepción ibérica) el 31 de mayo de 2023 con el fin de valorar la necesidad y proporcionalidad de esta reforma en la metodología del pvpc».

Esta propuesta de aplazamiento choca con la reciente petición de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la UE para que prorrogue esa excepción ibérica hasta finales de 2024.

Por otra parte, la CNMC pide que se revise la metodología que se aplica a los consumidores vulnerables y subraya sobre el bono social que su «diseño actual hace que recaiga, de forma acumulada, sobre el consumidor».

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