«En cinco años en paro el SEPE no me ha llamado ni una sola vez»

Pero no es una noticia nueva. El organismo nunca ha estado a pleno ritmo en la búsqueda de empleo, absorbido por la gestión y el pago de los millones de subsidios, hoy casi 2,8 millones. El antiguo INEM llegó a gestionar en 1999 el 22% de los contratos, pero a partir de 2003 inició una vertiginosa caída que se acentuó con la crisis financiera y ha llegado hasta los porcentajes mínimos que en estos momentos se registran, del entorno del 2%. En 2022 el porcentaje descendió al 1,9% y de enero a agosto la cifra ha mejorado apenas unas décimas.

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Las gestiones del organismo público para formar y ayudar a los parados a buscar trabajo son, por tanto, prácticamente nulas. Hoy, la mayoría de los desempleados acude a las oficinas del antiguo INEM solamente para tramitar su prestación, mientras visitan portales de empleo, rastrean en las redes sociales, buscan en anuncios en prensa y acuden a las webs de empresas de trabajo temporal. Históricamente, la mayor parte de los contratos de trabajo se han realizado a través de las gestiones hechas por los propios parados, en la mayoría de los casos haciendo uso de las relaciones personales y familiares. Una vez conseguido el puesto de trabajo, el nuevo empleado acude a los servicios públicos para informar de la contratación para que el empresario obtenga la bonificación de turno. En el caso de las empresas, cuando precisan nuevas contrataciones utilizan sus propias selecciones de personal. En un porcentaje ínfimo los departamentos de recursos humanos recurren a los servicios públicos.

Yolanda es una de las personas que logró empleo por su propias gestiones. En diciembre pasado se quedó en paro y acudió a las oficinas de empleo a registrase como desempleada. En marzo encontró trabajo, pero por sus gestiones. «Me puse a buscar activamente empleo y, a través de un portal, lo encontré», relata a ABC. Como María, tampoco recibió ninguna orientación ni llamada de las oficinas de empleo, a las que tuvo que volver unos meses más tarde porque, de nuevo, perdió el trabajo. «Hace unos días, eso sí, me ofrecieron un taller para actualizar mi currículum», asegura, al tiempo que se queja de que la gestión de las prestación por paro no fue la mejor. «El primer mes no me pagaron y tuve que reclamar el pago por un hijo a cargo», explica.

Empresarios, sindicatos y organismos como Funcas destacaban hace unos días la ineficacia del SEPE en la búsqueda de empleo, convertido más en un registro que en un servicio de colocación. Las críticas se producían tras la presentación de un informe sobre «El reto de las vacantes en España» realizado por Cepyme, en el que se asegura que siete de cada diez pymes tienen problemas para encontrar trabajadores pese a que España cuenta con casi tres millones de parados. Funcas insiste también en la necesidad de una nueva política de empleo activa que reduzca el número de parados registrados y habilite mejores condiciones para cubrir las vacantes. «Con un trabajo de coordinación e impulso de estas políticas -dice- se podría evitar la alta tasa de desempleo y modernizar los servicios públicos de empleo».

Todos los gobiernos se han propuesto reformar los servicios de empleo, pero con poco éxito, bien por la falta de personal o de medios. La exministra de Empleo, Fátima Báñez, diseñó una reforma que, entre las novedades, ligó los fondos de empleo recibidos por las comunidades autónomas al cumplimiento de los objetivos, que hoy siguen siendo raquíticos. Las políticas activas de empleo se transfirieron a las comunidades como una oportunidad de mejora, con la esperanza de que acercar las demandas al terreno haría reducir las listas de paro. Cada año el gobierno de turno transfiere una partida a las regiones, que este 2023 ha ascendido a casi 3.000 millones, una cifra que se encuadra en una partida de gastos del SEPE 28.200 millones.

Tras Báñez ha sido la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, la que diseñó cambios con la ley de Empleo. Una norma que entró en vigor en marzo y que, a la vista de los resultados del SEPE, no ha dado ningún fruto. La intermediación se mantiene en poco más del 2%.

La ley habilita la conversión del SEPE en la Agencia Española del Empleo, a la que las empresas deberán comunicar obligatoriamente sus puestos vacantes y se persigue, como hicieron ya otros gobiernos, un seguimiento individualizado del parado. De nuevo también se busca la colaboración entre agencias privadas y públicas de colocación, la medición por la Administración Pública de la eficacia de las agencias de colocación y más atención para colectivos con más problemas. Como novedad se incluye en este apartado a las personas LGTBI.

«Resulta grotesco que se aluda tanto a la colaboración público-privada precisamente para atajar el desempleo, que es el problema más grave de nuestro país, y que no se cuente de una forma real con las agencias privadas de colocación», denuncia Francisco Aranda, presidente de UNO y portavoz de CEIM. Añade que «a cambio tenemos un SEPE que ha demostrado ser eficaz para abonar los subsidios, pero incapaz de recolocar y formar a desempleados. Fruto de todo ello tenemos un mercado de trabajo con la mayor tasa de paro de la UE, la mayor tasa de paro juvenil y la segunda cifra más elevada de paro femenino, duplicando la media europea».

Avisa Aranda de que «la situación se va a complicar más porque se está produciendo una desviación cada vez mayor entre la oferta y la demanda de cualificaciones». Y alude al «fracaso» de la última reforma laboral porque la actual tasa de transición trimestral del empleo al paro en España supera al resto de países de Europa y más que duplica la media de la UE-27.

Recuerda que mientras que en Europa se ha abierto la colaboración público privada en el mercado de trabajo hace muchos años, en nuestro país se reguló con mucho retraso. «Hay numerosos ejemplos de éxito con mecanismos diferentes de participación de la iniciativa pública y privada como Holanda, Reino Unido, Dinamarca, Alemania y Australia, donde se han externalizado casi todos los servicios dando lugar al ejemplo más claro de lo que se ha dado en llamar relación competitiva entre servicio público de empleo y actores privados», concluye.