El campo español denuncia que pagará «la cesión de la UE ante Marruecos en el Sáhara»

El Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen ha llegado muy lejos para mantener la liberalización comercial con el país magrebí, hasta el extremo de diseñar un birlibirloque legal para tratar de burlar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que hace ahora un año dictaminó que la producción del Sáhara debía quedar fuera de las exenciones arancelarias comprendidas en el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos y no podía etiquetarse como marroquí. El alto tribunal lo justificó aduciendo que Rabat no había consultado al pueblo saharaui, que es el titular de ese territorio a efectos del derecho internacional.

Esto puso en un brete a la Comisión, dado que Marruecos liga la relación bilateral al reconocimiento de su dominio sobre la antigua colonia española. Y también está en juego la tranquilidad en la frontera sur de Europa, pues no hay que olvidar que en 2017 Rabat amenazó con liberar «los flujos migratorios» si la UE atendía las exigencias del tribunal. A esto se añade la posición del Gobierno de España, que ha sido –junto a Francia– de los más vehementes en defender la nueva entente comercial. Con todo, las organizaciones agrarias sospechan que el gabinete de Pedro Sánchez ha participado en la negociación, y que lo ha hecho a pesar de que hace unos meses el ministro de Agricultura, Luis Planas, les aseguró que tales conversaciones no existían por su parte, explica a este diario Andrés Góngora, portavoz de COAG.

Sea como fuere, lo que no hay es sorpresa, pues desde el sector no olvidan que en 2022 el presidente Sánchez acabó de un plumazo con medio siglo de neutralidad al reconocer la soberanía marroquí sobre la región sin consultar a las Cortes. Para José María Castilla, portavoz de Asaja, la situación podría resumirse así: «El campo español pagará la cesión de Europa ante Marruecos en el Sáhara».

El vecino del sur es un competidor en varias hortalizas, aunque en este caso el problema se centra en el tomate. Gracias a la liberalización arancelaria, en la última década las exportaciones marroquíes a la UE han crecido un 42%, pasando de 345.416 toneladas en 2014 a 491.908 en 2023, según datos de la Federación Española de Productores y Exportadores de Hortalizas (Fepex). Y mientras esto ocurría, las ventas del tomate español a los Veintisiete pasaron de 786.599 toneladas en 2014 a 591.098 en 2024, un 25% menos. Con todo, en diez años la producción nacional ha caído un 30%, pues resulta imposible competir con un rival que produce el kilo entre 25 y 30 céntimos más barato.

El Sáhara es importante en esta historia porque en los últimos años Rabat ha realizado inversiones millonarias en la zona para convertirla en un 'hub' hortofrutícola, un proyecto en el que –como ya explicó este diario– el rey Mohamed VI ha invertido parte de su fortuna personal a través de un 'holding' de su propiedad. La Comisión Europea estima que el 20% del tomate que sale del país vecino ya proviene de esa región, aunque desde el sector en España consideran que el dato es erróneo –porque es el que da Marruecos– y elevan la cifra más allá del 30%.

El interés de la dinastía Alauí en la zona, por cierto, no es solo económico, pues la explotación de los recursos del desierto –y la inmigración de trabajadores marroquíes– forma parte de la estrategia de colonización.

El caso es que el 4 de octubre de 2024 el TJUE falló en contra del acuerdo comercial y otorgó un año de plazo a la Comisión para que lo dejara de aplicar en el Sáhara. Rabat reaccionó advirtiendo de que no firmaría nada que no reconociera su «integridad territorial», y el Ejecutivo comunitario, con el silencio. En estos doce meses, ni las organizaciones agrarias ni el Parlamento Europeo han sabido nada de las negociaciones, hasta que el pasado 25 de septiembre trascendió un documento –adelantado por ABC– que confirmaba que las partes habían llegado a un entendimiento. Las conversaciones concluyeron el 15 de septiembre, tras apenas cinco días de negociación, lo que para José María Castilla confirma que la solución estaba pactada de antemano y que se han adelantado los plazos «para que no haya protestas ni discusión». Además, Bruselas utilizó el procedimiento 'express', que le permitió aplicar el pacto de forma provisional sin preguntar al Parlamento.

Está por ver si Von der Leyen se sale con la suya esta vez, pues el último remiendo que le aplicó al Acuerdo de Asociación con Marruecos –en 2019– para tratar de amoldarlo a las exigencias del TJUE se dio de bruces con una sentencia de nulidad. Entonces lo intentaron con una «consulta» al pueblo saharaui que el tribunal no dio por buena, y esta vez prometen invertir millones en el Sáhara para financiar proyectos de energías renovables o irrigación. Con esto, Bruselas pretende cumplir con un párrafo de la última sentencia, que fijó que el consentimiento del pueblo saharaui podía presumirse si el acuerdo les brinda beneficios económicos.

Sea como fuere, fuentes cercanas al caso aseguran que será difícil convencer al TJUE, ya que esas inversiones llegarán a empresas marroquíes y no al pueblo saharaui, que está en el exilio. Además, nótese la paradoja de que con esta medida la UE «estará financiando a nuestro competidor directo», apuntan desde Asaja. En lo que respecta al etiquetado, Bruselas ha propuesto crear un código específico para los productos del Sáhara, pero desde Fepex opinan que este es deliberadamente confuso.