Bruselas rechaza fijar un tope al precio del gas ruso y un impuesto a las eléctricas

Este mecanismo, que se aplica en España y Portugal desde el 15 de junio, limita el coste del gas que se utiliza para generar electricidad, lo que ha ocasionado en septiembre una rebaja del precio de la luz en el mercado mayorista del 20%. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, estima que la 'excepción ibérica' ha permitido ahorrar más de 2.600 millones de euros a los consumidores eléctricos españoles.

Hace unos días, quince países europeos enviaron una carta a la Comisión Europea pidiendo que esa 'excepción ibérica' se aplicara también al resto de estados. Entre los firmantes están Bélgica, Bulgaria, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y España. Sin embargo, hay otros países que se oponen, como Alemania, Dinamarca y los Países Bajos.

Teresa Ribera dijo el pasado jueves que el 'mecanismo ibérico' «ha sido descrito en palabras francesas como el sistema más eficaz, más limpio, más directo y con mayor impacto positivo para la configuración del precio de la electricidad en España y Portugal, por lo tanto hay muchos estados miembros que consideran que sería importante extender ese mismo mecanismo en su mercado eléctrico«.

Los ministros de Energía de la UE tampoco han llegado a un acuerdo sobre limitar el precio del gas ruso, seguramente porque será poco efectivo si siguen cortados los gasoductos. Sobre esta propuesta también había países que no estaban de acuerdo, como Alemania y Hungría. España era uno de los fervientes defensores de esta medida.

Ribera dijo ayer que «si no ponemos un tope al gas podríamos tener un impacto importante sobre el Producto Interior Bruto (PIB) de la UE, sobre la producción industrial y sobre los consumidores». Y añadió que «desgraciadamente pensamos que los términos en los que la Comisión está haciendo las propuestas se quedan cortas con respecto a lo que Europa necesita«.

Por otra parte, los Veintisiete han convenido establecer una tasa de «solidaridad» a las empresas de combustibles fósiles, como petroleras, gasistas y el sector del refino. Esta medida fijará una «contribución» del 33% sobre los beneficios obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2023 y que se sitúen un 20% por encima de la media de los últimos cuatro años. Este impuesto se articula como una contribución temporal y el importe recaudado se destinará a hogares vulnerables, a las empresas más afectadas y a las industrias electrointensivas.

Esto quiere decir que no afectará a las compañías eléctricas, las cuales, sí que se verían perjudicadas con el modelo diseñado por el Gobierno español que, además, quería gravar la facturación de las empresas. Por este motivo, las eléctricas han pedido al Ejecutivo que adapte su modelo de impuesto al aprobado por la UE, básicamente porque salen más beneficiadas.

Lo que sí que ha aprobado ese Consejo de Ministros de Energía es el establecimiento de un precio máximo de 180 euros/MWh a la generación de las renovables y nucleares para que no obtengan los denominados por los partidos de izquierda 'beneficios caídos del cielo'. No obstante, en nuestro país ya existe desde hace meses una medida similar que limita a 67 euros el MWh el precio de la electricidad de esas plantas.