Bruselas no ve motivos para que el Gobierno frene la opa de BBVA y amenaza con «usar sus poderes»

La precisión hubiera sido innecesaria si Bruselas no tuviera ninguna sospecha de que Pedro Sánchez está considerando poner condiciones leoninas, porque el mensaje que han transmitido las fuentes comunitarias indican que «la Comisión está vigilando la compatibilidad de las acciones del Gobierno español con la legislación comunitaria», lo que es su principal función. Y por si no quedaba claro, también han recordado que «no dudará en usar sus poderes como guardián de los Tratados», que es efectivamente su prerrogativa. En este sentido, destacan que esperan que el Ejecutivo español vaya en consonancia con las aprobaciones que ya han dado la CNMC y también el Banco Central Europeo (BCE).

La Comisión Europea no ha dicho expresamente que esté a favor de esta operación en concreto, pero se pronuncia a favor de que se creen entidades financieras fuertes en la perspectiva de un futuro mercado único financiero.

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El hecho de que este pronunciamiento de la Comisión Europea se produzca en un día como hoy en el que Cuerpo tenía que elevar el caso al Consejo de Ministros tiene su importancia ya que se entiende como una advertencia, si no amenaza, a la espera de la decisión final. Ahora el Gobierno español tiene 30 días naturales para decidir cómo será su intervención, por la cual podría suavizar, mantener o endurecer las condiciones fijadas por la CNMC.

De todas formas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha querido también salir al paso de estas palabras desde Bruselas. El Gobierno español sostiene que la Comisión se está refiriendo no a la opa sino a la fusión posterior que pretende BBVA si triunfa con la operación. Algo que no termina de cuadrar con el mensaje que transmiten las autoridades comunitarias ya que se refieren en todo momento a «la transacción» y no a la fusión.

En cualquier caso, fuentes del Gobierno español aclaran que están «siguiendo fielmente la normativa, tanto en lo que se refiere a ordenación de entidades de crédito, como en materia de defensa de la competencia».

El ministro Cuerpo ha justificado su decisión de elevar la opa «en razones de interés general» y ha apuntado a algunos criterios que podrían utilizar para torpedear la operación. Concretamente, Economía habla «del potencial impacto de la operación en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social» como argumentos para elevar el caso. Además, el ministerio ha desvelado que cinco ministerios económicos han reclamado esta decisión.

Ahora, la actuación del Ejecutivo español estará bajo la lupa del Gobierno comunitario. De hecho, la Comisión tiene abierto a España un procedimiento de intercambio informal de información llamado EU Pilot.