Los 'boomers' aprietan en un año con la edad de retiro en 66 años y 6 meses

2024 echa a andar repleto de novedades. Este año volverán a convivir dos reformas, que condicionarán el retiro de los nuevos jubilados, de los 'boomers', que ya aterrizaron en el sistema en 2023 y que presionarán al alza el gasto. Para sufragar sus nóminas, empresas y trabajadores pagarán más cotizaciones, tal y como marca el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), y dará comienzo el destope de las bases máximas de cotización (sueldos de más de 54.000 euros), en un año en el que se endurecen los requisitos para el retiro y en el que las pensiones suben un 3,8%.

Si las generaciones del 'baby boom' quieren jubilarse este 2024 con el 100% de la pensión deberán tener ya cumplidos los 66 años y seis meses. Desde 2019 la edad de retiro comenzó a incrementarse dos meses con el objetivo de alcanzar los 67 años en 2027. Las ventajas del retraso para la Seguridad Social son dobles. Por un lado, permite disponer de más población activa que financie las pensiones. Por otro, retrasa el cobro de la jubilación. Si un trabajador sigue activo hasta los 66 años y seis meses será un año y seis meses más que aporta a la caja común que si el retiro hubiera sido con los 65 años que se exigían en 2012.

Este retraso de la jubilación, que se aprueba con carácter general, tiene sus excepciones. Aquellos que acumulan una larga vida laboral podrán retirarse con su pensión íntegra a los 65 años siempre y cuando tengan cotizados 38 años. Cada ejercicio crece ese periodo en dos meses hasta llegar a 2027, cuando quien desee retirarse a los 65 años deberá contar con una cotización de, al menos, 38 años y seis meses.

La jubilación anticipada voluntaria también se endurece el próximo año, en el que se mantienen los 25 años como base de cálculo de las pensiones. Será necesario tener al menos 64 años y 6 meses en caso de contar con menos de 38 años de cotización. En caso de disponer de 38 años o más de cotización será posible acceder a la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 63 años. Para la jubilación anticipada por despido el retiro se permite a partir de los 62 años y 6 meses si se cuentan con menos de 38 años cotizados, o con 61 años si se acumulan 38 años o más de cotizaciones.

Jubilarse anticipadamente será, un año más, castigado. La reforma de pensiones desplegó un esquema de coeficientes penalizadores, que incluyó dos novedades: los recortes se aplican por cada mes de adelanto de la jubilación, en lugar de cada trimestre; y son graduales en el tiempo, de forma que el retiro 24 meses antes de la edad de jubilación que corresponda a cada uno tiene un coeficiente penalizador mayor que si esa fecha se va acercando mes a mes al retiro legal ordinario.

Así, por ejemplo, a un trabajador que hubiera cotizado menos de 38 años y seis meses y se quiera jubilar anticipadamente de manera voluntaria dos años antes de la edad ordinaria que le correspondería, esos 24 meses de adelanto le reportan ahora un coeficiente penalizador del 21%, esto es, se le recorta la pensión a la que tuviera derecho en ese porcentaje. Si ese mismo trabajador espera a jubilarse un mes más (23 meses de adelanto) ese recorte pasa a ser del 17,60%; y si la espera es de dos meses (22 meses antes de su edad legal de jubilación), la penalización de su prestación sería del 14,67%; si son tres meses, del 12,57% y así sucesivamente hasta que, por ejemplo, si el retiro se produce un año antes (12 meses previos a su edad de jubilación) se le penaliza con un recorte de la pensión del 5,5%.

Retrasar el retiro seguirá teniendo premio. Los trabajadores que pospongan su acceso a la jubilación más allá de la edad legal serán compensados con hasta 12.000 euros anuales por cada año de retardo para los que hayan cotizado más de 44,5 años.

Para pagar la escalada de gasto, desde este mes comienza a operar un destope de las bases máximas de cotización, que crecerán hasta 2050 el IPC anual más una cuantía fija de 1,2 puntos, lo que se traducirá en un alza acumulado del 38% en este periodo. Las pensiones máximas también se revalorizarán año a año con el IPC más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050. A partir de ese ejercicio y hasta 2065 habrá incrementos adicionales para que al final la nómina más elevada que paga la Seguridad Social haya subido un 20%.

Al incremento de las bases máximas se sumará la aplicación por segundo año del mecanismo de equidad intergeneracional, que en 2023 llevó implícito un alza del 0,6% en la cuota para todas las nóminas con independencia del nivel salarial. Cada ejercicio irá subiendo una décima hasta llegar al 1,2% en 2029. Este mes la subida de cotización es del 0,7% (0,58% a cargo del empresario y 0,12% del trabajador). Para un asalariado que tenga una nómina de 2.000 euros al mes el incremento del 0,7% supondría un pago mensual de 14 euros al mes: 2,4 euros los pagaría el trabajador y los 11,6 euros restantes el empleador. Esta cuantía, más allá, variará en función del nivel del salario pese a aplicar ese mismo 0,7%.

El nuevo diseño del MEI fue aprobado en la segunda fase de la reforma de las pensiones, que el Gobierno acordó sólo con los sindicatos, e incluyó varios incrementos de las cotizaciones sociales que desde enero de 2023 ya pagan empresarios y trabajadores. Este aumento de las cuotas está destinado a elevar los ingresos del sistema, ante la persistencia de los números rojos de la Seguridad Social.

El mecanismo no ha convencido al mundo académico. Prestigiosos economistas han alzado la voz para alertar de la carga que supondrá para los jóvenes el MEI. «No introduce ningún mecanismo de equidad intergeneracional, al menos durante la próxima década. Más bien al contrario, traspasa una parte del mayor coste de la jubilación de las generaciones del 'baby boom', más numerosas y con mayor esperanza de vida, a las generaciones más jóvenes que continúan trabajando, aumentando así la inequidad del sistema», avisaban el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, Enrique Devesa, y Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research.

Los más de nueve millones de pensionistas serán de los pocos colectivos que conservarán el poder adquisitivo tras subir sus nóminas un 3,8%. La pensión media de jubilación crece hasta los 1.380 euros al mes, tras subir 52 euros y la media del sistema queda en 1.200 euros mensuales, después de sumar 46 euros al mes.

La reforma de pensiones ligó las pensiones a la evolución de los precios, a la media de los datos de IPC acumulados entre diciembre del año precedente y el de noviembre del año en curso al objeto de garantizar su poder de compra. Este año la mejora económica para los pensionistas no será tan elevada como en 2023, pero garantiza incrementos anuales de hasta 1.628 euros en el caso de las pensiones más altas del sistema. La prestación más alta que paga la Seguridad Social crecerá hasta 3.175,5 euros.