El bloqueo de la Comisión de la Energía complica las mejoras en la red eléctrica

El nuevo organismo, que fue una entidad independiente hasta 2013, era una apuesta del Gobierno —que firmó un acuerdo con sus socios de Sumar—, y llegaba ante los nuevos retos y desafíos a nivel global que presentaba el sector energético. El objetivo era otorgar un carácter diferenciado de la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, en estos momentos, se encarga de la supervisión y control en materia energética.

Noticia Relacionada

Las eléctricas creen que la CNMC descarta más inversiones en la red

J.M.C.

Iberdrola y Endesa insisten en alertar sobre el colapso de la infraestructura

Sin embargo, tal y como ha podido confirmar ABC en diversas fuentes cercanas al proceso de creación, la CNE ni está ni se la espera. Y se trata de una cuestión importante para el último conflicto energético que vive el Gobierno y el propio regulador: la financiación de las redes eléctricas. Los principales actores implicados esperaban que para estas fechas fuese este nuevo organismo, con mayores capacidades, quien se hiciera cargo de esta delicada situación.

Según el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre de 2024, la CNE tendría importantes funciones de carácter sectorial entre las que se incluyen la «regulación a través de circulares de los distintos aspectos relacionados con el transporte, distribución, acceso en los sectores del gas natural, eléctrico; implementación y supervisión de cumplimiento de normativas y protocolos en los sectores mencionados; protección del consumidor».

Fuentes consultadas por este periódico explican que la CNMC tiene total suficiencia para tratar la cuestión de la financiación de las redes, en este caso el cálculo de la tasa de retribución financiera —que es lo que cobran las empresas eléctricas por invertir en redes—, pero esperaban que fuese la CNE quien abordase esta cuestión. De hecho, fue en febrero de 2024 cuando se lanzó el proceso, por lo que no entienden muy bien el retraso cuando se encara la recta final de 2025 sin que se haya acelerado el proceso.

Además, los periodos en que se modifican las retribuciones financieras son de sobra conocidos. Por eso, desde el sector eléctrico se esperaba que fuera la futura CNE la que abordase esta cuestión tan compleja. Pero no es el único impacto.

Septiembre ha sido el escenario escogido por las empresas para escenificar su pelea por aumentar la financiación de las redes eléctricas. Y, a su vez, el Ministerio para la Transición Ecológica ha aprovechado para anunciar un proceso de audiencia e información pública del proyecto de real decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

Esto forma parte de un proceso mayor que es el de planificación de la red eléctrica española. Este proceso en su conjunto, así como toda la regulación que afecta a las redes en general, siempre debe estar vigilado por un organismo regulador. Las dudas en estos momentos surgen en si, finalmente, todo lo seguirá llevando la CNMC, o terminará por tomar las riendas la futura Comisión Nacional de la Energía.

Según las fuentes consultadas, el retraso en el desarrollo de la CNE introduce cierta incertidumbre dentro de un sector que, precisamente en estos momentos, necesitaba una hoja de ruta clara. Algo, paradójicamente, que iba a aportar el nuevo organismo; sobre todo, en materia de transición energética.

Fuentes vinculadas a la CNMC señalan a este periódico que la situación de Teresa Ribera —su salida a Bruselas— ha impactado en todo el desarrollo. Aunque por encima de esta situación destaca la inestabilidad parlamentaria que tiene el Gobierno. Algo que podría ser un problema a la hora de abordar la aritmética para sacar adelante el anteproyecto.

Esta situación parecía haberse resuelto en el propio texto. Según consta en el documento, «el Consejo de la CNE está integrado por nueve miembros: la Presidencia, la Vicepresidencia, y siete Consejeros o Consejeras. El Consejo estará asistido por la persona que ostenta la Secretaría». Este elevado número de miembros en el consejo dio alas a especular sobre los potenciales favores políticos que se otorgan en los órganos cuya formación, en última instancia, depende de las mayorías que se tienen en el Congreso.

Otro de los puntos de fricción tuvo que ver con la sede del futuro organismo. En esa dificultad que tiene el Gobierno para satisfacer a sus socios, se generó un intenso debate sobre las localizaciones. Siempre, como es lógico, apuntando hacia Cataluña o País Vasco.

En todo caso, las fuentes consultadas insisten en la misma idea: que la creación de la CNE debería aligerarse para alcanzar los propios objetivos que se planteaba en su renacimiento: nuevas formas de afrontar las políticas energéticas ante situaciones de cambio climático.

Pero los problemas no acabarán. El nombramiento de los consejeros y su presidente agitarán, más si cabe, las debilidades parlamentarias, y se convertirá en una lucha de poder dentro de un organismo que debería tener un funcionamiento técnico.