Ayuso cambiará la ley para negar a Sánchez los ingresos fiscales de las grandes fortunas madrileñas

La estrategia, según explicaron este martes fuentes del ejecutivo regional, pasa por remover la bonificación actual del 100% sobre la cuota del Impuesto de Patrimonio para que los contribuyentes paguen por sus activos patrimoniales en Madrid y dejen al Estado sin la recaudación del impuesto a las grandes fortunas. La maniobra supone restaurar Patrimonio en la Comunidad de Madrid tres lustros después de su supresión en 2009, con Esperanza Aguirre como presidenta, si bien el gobierno regional deslizó ayer que lo que se recaude se aplicará en rebajar otros impuestos.

El Gobierno madrileño ha reaccionado así al aval que el Pleno del Tribunal Constitucional ha otorgado este martes al impuesto a las grandes fortunas del Gobierno, esperado tras conocerse el informe de la ponencia y a la vista de la mayoría progresista.

El dictamen se aprobó con el respaldo de los siete magistrados del ala progresista y con el rechazo frontal, sustanciado en un voto particular, de los cuatro magistrados del bloque conservador, que entienden que el recurso de la Comunidad de Madrid debería haber sido atendido y el llamado impuesto a los ricos, anulado.

Las discrepancias se centran en tres aspectos fundamentales, según reveló la nota emitida por el Constitucional. La más relevante afecta a si el impuesto estatal, que replica de manera literal la redacción del Impuesto sobre el Patrimonio, convirtiéndose en una especie de impuesto de patrimonio B, invade o no el espacio fiscal propio de las comunidades autónomas. El dictamen entiendo que no con el doble argumento de que al detraer de la cuota los pagos que se hayan realizado en Patrimonio «no afecta ni interfiere en ninguna de las competencias autonómicas» y de que ilegalizar la figura supondría «impedir al Estado ejercer sus competencias para instaurar nuevos tributos». El bloque conservador entiende, por el contrario, que el impuesto se creó única y exclusivamente para desactivar las bonificaciones aprobadas en determinadas comunidades autónomas y que, por tanto, sí invade el espacio fiscal que la Constitución les reserva.

Los magistrados disconformes con el dictamen adoptado por el Constitucional entienden, asimismo, que la creación del impuesto vía enmienda y su aprobación sin tiempo material para que los contribuyentes pudieran adaptarse vulneran la Constitución.

Fuentes del Ministerio de Hacienda dieron ayer la bienvenida al dictamen, asegurando que siempre dijeron que era legal y no confiscatorio, y también al anuncio de Madrid de recuperar la tributación sobre el patrimonio.

Las dos principales asociaciones de asesores fiscales mostraron su inquietud por la resolución del caso. La presidenta de Aedaf, Stella Raventós, vaticinó que el impuesto acabará en el Tribunal Europeo de Luxemburgo; y Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios de REAF, mostro su preocupación por el precedente que supone el aval constitucional a una vía tan poco ortodoxa de crear un impuesto.

El socio de Cuatrecasas, Joaquín Huelín, asegura que la resolución del Constitucional «no es, ni tiene por qué serlo, la última palabra del ordenamiento jurídico sobre la regularidad del conocido como impuesto a los ricos».