Ayudas para pagar las hipotecas: cuáles son las medidas del Gobierno, quién puede beneficiarse y cuándo entran en vigor

Luz verde a un paquete de medidas para mitigar el impacto de la subida del euríbor en los hipotecados. Tras meses de debate, la patronales (CECA, AEB y UNACC), el Banco de España y el Ministerio de Economía han llegado un principio de acuerdo con medidas que, según el Ejecutivo, afectarán a un millón de hipotecados y han sido aprobadas en el Consejo de Ministros de este martes. Con todo, en el sector financiero todavía destacan que quedan detalles por analizar y valorar para dar un 'OK' definitivo.

Tal y como ha explicado la vicepresidenta económica Nadia Calviño tras el Consejo de Ministros, la banca tendrá un mes para decidir si se adhiere a este pacto porque las medidas entrarán en vigor en principio a partir del 1 de enero de 2023. Esto, en la práctica, dejará cuatro meses sin protección a los hipotecados, ya que el euríbor empezó a repuntar con fuerza en septiembre, tal y como informó ABC.

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¿Cómo se articularán las nuevas ayudas? El instrumento elegido por el Ejecutivo y la banca son dos nuevos Códigos de Buenas Prácticas, cuya adhesión será voluntaria por parte de las entidades, aunque su cumplimiento será obligatorio una vez se unan al mismo, también cuando se produzca la transmisión del crédito a un tercero. El Ejecutivo también aspira a reforzar la supervisión para el cumplimiento de ambos códigos.

Sobre los beneficiarios, se va a actuar en tres direcciones: la mejora del tratamiento para la familias vulnerables con «un nuevo marco de actuación temporal para familias en riesgo», la adopción de modificaciones para facilitar la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas de tipo variable a fijo.

Según ha detallado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tras el Consejo de Ministros, el Gobierno calcula que un tercio de los hipotecados a tipo variable, lo que supone cerca de un millón de hogares.

Una de las principales novedades es que se modifica el Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios vulnerables, que ya existe desde 2012, para crear uno nuevo. Según este documento, se considera que un hipotecado es vulnerable cuando cuenta con rentas de hasta tres veces el IPREM (25.200 euros), tiene una tasa de esfuerzo financiero (el porcentaje de ingresos que destina a pagar la hipoteca) del 50% y, además, ha visto como esta tasa se ha incrementado un 50% en los últimos años.

Con los cambios acordados entre la banca y el Gobierno se facilitará a estos hipotecados la opción de reestructurar su préstamo con un tipo de interés más bajo durante la carencia principal -que supone dejar de pagar al menos una parte de la cuota hipotecaria- de 5 años. En concreto, del euríbor +0,25% se pasará al euríbor -0,1%. Además, se amplía a 2 años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda (entregar la casa al banco a cambio de cancelar la deuda) y se abre la puerta a una segunda reestructuración de estos hipotecados.

La batería de medidas permitirá de igual forma flexibilizar los requisitos de acceso al código de buenas prácticas. Así, los hipotecados que cumplan el requisito de renta y de esfuerzo financiero podrán sumarse a él aunque no cumplan el tercer requisito, el de que el esfuerzo financiero haya crecido un 50%.

Para ellos el acuerdo ofrece una carencia de 2 años a un tipo de interés menor durante este periodo y una prolongación del plazo de hasta 7 años. Esta medida esta pensada para las familias impactadas por la subida de los tipos de interés y que se estén viendo obligadas a recortar gastos básicos para poder pagar la cuota de la hipoteca, poniendo en peligro el pago de la letra.

Como ejemplo, el Ejecutivo especifica que una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros verían reducida el pago mensual durante los cinco años de carencia en más de un 50% hasta los 246 euros.

Dirigida a hogares con una renta inferior a los 29.400 euros anuales, es decir, tres veces y media el IPREM, y cuyas hipotecas se suscriban hasta el 31 de diciembre de 2022. Son familias que, además, deberán tener una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y que haya subido, al menos, el 20%. Para ellos, se ofrecerá la posibilidad de congelar durante 12 meses la cuota, de un tipo de interés inferior y un alargamiento del plazo del préstamos de hasta 7 años.

Todas estas ayudas se articularán mediante un nuevo código de buenas prácticas dirigido exclusivamente a los hipotecados de clase media.

Con el objetivo de que esta modificación sea más sencilla, se reducirán para estos grupos de hipotecados aún más los gastos y comisiones. Además de eliminarse durante todo el año las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de variable a fijo. Según la consultora inmobiliaria Tecnotramit, el cambio de hipoteca variable a fija puede tener un coste de entre 500 y 1.000 euros.

Las ayudas a este colectivo ha sido uno de los puntos en los que más han chocado la banca y el Gobierno. Las entidades querían limitar los incentivos a las clases vulnerables, mientras que el Ejecutivo quería ampliar la horquilla y destinar también ayudas a clase media.

Todavía no está claro el número de entidades que apoyarán estas medidas, que son voluntarias pero de obligado cumplimiento. Tal y como ha asegurado tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, las entidades tendrán un mes para decidir si se suman a los nuevos códigos de buenas prácticas. Además, ha apuntado que CaixaBank ya ha asegurado que se sumará a las nuevas medidas.

El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, ya ha afirmado que algunas de las iniciativas impactarán sobre las provisiones que realiza el sector, ya cuando se produce alguna extensión o alargamiento del crédito «siempre« se traslada a las provisiones.

Sin embargo, ha señalado, tras su intervención en el XXIX Encuentro del Sector Financiero organizado por ABC y Deloitte, que todavía se pueden producir «pequeños cambios» en el acuerdo, ya que en función de cómo se realice la refinanciación en el momento de la extensión «puede impactar o no en la cifra de provisiones, y no solo ahí, sino también en el consumo de capital del negocio hipotecario».