El aviso de los expertos: una quita de deuda no debe convertirse en un rescate a las CC.AA.

En lo que va de año 2023, ese grupo de diez autonomías (Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Aragón, Baleares, Extremadura, Cantabria y La Rioja, ordenados según el volumen de la financiación percibida) han solicitado más de 24.000 millones de euros de asistencia financiera del Estado y de aquí a final de año los recursos transferidos desde la Administración Central superarán los 34.500 millones.

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Bruno Pérez

Plantean el perdón del 85% de las devoluciones pendientes de los gobiernos regionales con el Estado

La persistencia de esta situación y la dificultad de vislumbrar una solución a corto plazo para que estas administraciones puedan recuperar la autonomía financiera están en el origen del debate abierto en los últimos días en torno a la posibilidad de que el Estado arbitre una quita de deuda, aprovechando la necesidad que tiene Pedro Sánchez de recabar el apoyo de los dos principales partidos nacionalistas catalanes para ser investido como presidente del Gobierno.

Porque Cataluña es, precisamente, la comunidad autónoma que tiene una mayor dependencia financiera del Estado, junto a la Comunidad Valenciana. En lo que va de año ha recibido 8.713 millones de euros de los mecanismos extraordinarios de financiación dispuestos por el Estado para no acabar en una situación de impago y al cierre de 2022 debía al Estado nada menos que 71.306 millones de euros por la financiación extraordinaria recibida en los últimos años, entre otras cosas para garantizar las devoluciones asociadas a los 'bonos patrióticos' emitidos durante la crisis financiera. Cataluña debe a día de hoy el 85% de su deuda al Gobierno central.

No es extraño por tanto que el debate político se haya sido abierto desde Cataluña ni que la posibilidad de una condonación de la millonaria deuda acumulada haya sido planteada por el PSC.

El debate académico, sin embargo, lleva años siendo agitado desde la Comunidad Valenciana, que pasa por ser uno de los territorios más perjudicados por el actual sistema de financiación autonómica y que bajo el gobierno de Ximo Puig focalizó todos sus esfuerzos en conseguir el reconocimiento de la deuda ilegítima impuesta por el sistema y su condonación.

La última ofensiva se produjo escasas semanas antes de las municipales y autonómicas, cuando desde el foco valenciano se dio vuelo a dos estudios que estimaban en entre 140.000 y 160.000 millones de euros el volumen de la quita que el Estado debería asumir para compensar la escasez de recursos distribuidos por el actual sistema de financiación autonómica, lo que implicaría el perdón del 85% de la deuda de las CC.AA. con el Estado.

La solución de la quita no termina de generar consenso entre los principales expertos en financiación autonómica. Para Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea y uno de los expertos que designó el Gobierno en 2016 para perfilar una reforma del sistema «una quita agravaría aún más los considerables problemas de incentivos que ya sufre el sistema, al confirmar una vez más la percepción de que los gobiernos regionales pueden gastar más de lo que tienen porque se les terminará rescatando».

Tampoco es partidario de esa solución el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo y experto por la comunidad de Galicia en aquel mismo grupo de expertos, Santiago Lago. En su opinión sería preferible alargar la vida de la deuda y abaratar su coste financiero, para evitar el coste político que tendría una condonación de deuda, y eso sí resolver lo las situaciones de infrafinanciación que alienta el sistema y que según se encargó de recordar ayer de nuevo Fedea afectan de forma especial a la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla-La Mancha.

Incluso los académicos que ven con buenos ojos una quita para facilitar la puesta en orden de las cuentas autonómicas, como el que fuera secretario general de Financiación Autonómica en el primer gobierno de Sánchez y profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Diego Martínez, entienden que cualquier solución en ese sentido debería ser limitada en sus efectos y general en sus objetivos.

En su opinión la operación se debería circunscribir «a las CC.AA. con una financiación por habitante ajustado inferior a la media», pero también debería reconocer a las que «han tenido una gestión fiscal más responsable», entendidas como las que han elevado menos su déficit público. Bajo estas premisas, el proceso debería tener el objetivo, a su juicio, de garantizar que las comunidades autónomas vuelvan a financiarse por sí mismas en los mercados, algo que entiende que no puede garantizarse con una reforma del sistema de financiación por generoso que sea. «Lo que no debería amparar un proceso de condonación de deuda son los abusos en el gasto o los despilfarros en que se haya podido incurrir en los últimos años», advierte el profesor.

No solo hay objeciones técnicas, también legales. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestara prohíbe expresamente que el Estado rescate a un gobierno autonómico.