Las autonomías del PP se lanzan a bajar impuestos para espolear el mercado de alquiler

El objetivo es ambicioso y los instrumentos ya han empezado a ponerse encima de la mesa. En las últimas semanas, una decena de gobiernos autonómicos han anunciado medidas fiscales para ensanchar el parque de vivienda de alquiler, reforzar el acceso de los jóvenes a una vivienda o intensificar las ayudas a los inquilinos para abaratarles la factura que les supone el alquiler mensual.

A la contra de la estrategia del Gobierno de tratar de gobernar los precios del mercado de alquiler a golpe de restricción regulatoria, gobiernos como el de Galicia, Cantabria, Canarias, Castilla y León , Aragón o la Comunidad de Madrid se han decantado por disponer incentivos fiscales (la mayoría en IRPF) que animen a los propietarios a poner viviendas en el mercado.

La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha creado una especie de cheque fiscal de 1.000 euros para animar a pequeños propietarios con viviendas vacías a ponerlas en el mercado de alquiler, lo que ha acompañado de otra ayuda fiscal de similar cuantía para estimular a las personas que buscan Vivienda a mirar más allá de las fronteras de Madrid y su cinturón metropolitano. Galicia ha dispuesto una bonificación del 75% en Actos Jurídicos Documentados para la adquisición, construcción y rehabilitación de edificios destinados al alquiler, así como tipos reducidos para la compra de locales comerciales para destinarlos a vivienda. El objetivo es elevar en 8.000 unidades el parque de vivienda pública disponible, el 40% de las cuales se quieren destinar al alquiler joven.

Cantabria va a regular un cheque fiscal de 500 euros para los propietarios que pongan en el mercado inmuebles hasta ahora desocupados por un precio inferior a 1.000 euros; Canarias, donde gobierna Coalición Canaria junto al PP, ha optado por esa misma opción, con la que aspira a movilizar 9.000 viviendas para el alquiler.

Castilla y León también apuesta por mejorar la oferta como vía para aliviar el encarecimiento del alquiler y ha dispuesto una desgravación fiscal del 20% sobre las cantidades que los propietarios inviertan para la adquisición o rehabilitación de una vivienda que se vaya a destinar al alquiler.

Ensanchar la oferta y, entre tanto, aliviar la factura que las restricciones del parque de alquiler provoca a los usuarios. Por vías diferentes. La vía más tradicional y más asentada en el marco fiscal autonómico es la de la desgravación en el IRPF de los costes asociados al pago de la renta mensual.

La práctica totalidad de las comunidades autónomas reconoce una ayuda de este tipo en su marco fiscal, si bien con diferentes niveles de restricción, casi siempre relacionados con la edad, la renta disponible y el precio de la vivienda arrendada.

Algunas comunidades autónomas han decidido este año mejorar esas ayudas. Es el caso de Canarias que ha mejorado la ayuda fiscal hasta los 800 euros y ampliado el rango de edad que da acceso a la ayuda, hasta los 40 años -algo que también ha hecho la Comunidad de Madrid- y también por encima de los 75 años. La Junta de Andalucía aprovechará también los Presupuestos de 2025 para mejorar la deducción fiscal que reconoce en el IRPF a los jóvenes menores de 35 años con rentas anuales por debajo de 25.000 euros, que beneficia ya según sus datos a 26.400 personas y que el año que viene pasará de 600 a 900 euros, de 900 a 1.000 euros, en el caso de personas con discapacidad.

Si bien la estrategia fiscal de las autonomías del PP se ha orientado de forma más acusada a mejorar el mercado de alquiler, de cara al próximo año también se van a aprobar medidas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente de los más jóvenes, o incluso para aligerar su coste. Galicia y la Comunidad de Madrid han anunciado una nueva vuelta de tuerca en la rebaja fiscal sobre las donaciones familiares, que se han convertido en el principal cauce de financiación no bancaria para la adquisición de vivienda en propiedad.

La Rioja, por su parte, ha extendido para 2025 la deducción por el incremento del pago de intereses de préstamos hipotecarios, del que según sus datos se han beneficiado ya más de 25.000 riojanos.

Cantabria y Extremadura han superado ya la tendencia de muchas comunidades autónomas que en los últimos años han dispuesto beneficios fiscales para fijar población en el rural y han pasado a la siguiente pantalla, aprobando nuevas ventajas fiscales en el Impuesto sobre la Renta para las personas de otros territorios u otros países que decidan fijar su residencia en sus territorios.