Los asesores fiscales exigen al Gobierno acabar con el caos del impuesto de patrimonio y piden derogarlo o bajarlo al 1%

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Sara Medialdea

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«Las medidas no se puede medir solo por las intenciones sino por las consecuencias que tiene, las positivas y las negativas», ha subrayado Pich, que ha recordado una vez más que la imposición sobre el patrimonio es una excepción a nivel mundial, ya que apenas existe en diversas formulaciones en Noruega, Suiza o Bélgica.

La conclusión a la que llega el Reaf no es nueva. Con un impuesto de patrimonio despedazado en 15 modelos diferentes según la comunidad autónomas de residencia, que generan tremendas desigualdades de tributación según el territorio de residencia, que por tanto tiene un efecto tremendamente distorsionador sobre las decisiones de los contribuyentes y, finalmente, un nuevo gravamen estatal idéntico a Patrimonio ideado para hacer pagar a los que esquivan el impuesto por las ayudas fiscales que se reconocen en su territorio de residencia, el caos tributaria ha llegado a tal calibre que según la organización de asesores fiscales la mejor solución sería derogar el impuesto o en el peor de los casos mantenerlo con un tipo máximo del 1%, para atenuar su impacto distorsionador.

«Si observamos la situación del impuesto en el ámbito internacional, las distorsiones que puede producir y la recaudación que se puede conseguir a través de él, hacen recomendable su supresión«, aseguró ayer el presidente del Reaf, Agustín Fernández, »impidiendo además la posibilidad de que se regule un impuesto propio por parte de las comunidades autónomas«.

Este, proponen, podría mantenerse pero con objetivos meramente censales, de control del patrimonio de los contribuyentes. De mantenerse Patrimonio, como defiende buena parte del arco parlamentario, el Reaf entiende que tendrían que abordarse una serie de reformas urgentes para hacerlo medianamente aplicable: clarificar la valoración de activos virtuales, homogeneizar la base imponible y el mínimo exento y establecer un tipo máximo bajo, del 1%. Al que no ven posibilidad de indulto es al gravamen sobre las grandes fortunas, objeto de un decidido carga judicial por comunidades autónomas, oposición política y expertos y que según la organización de asesores «es insostenible».

Más recorrido le ven a los impuestos sobre las herencias (Sucesiones y Donaciones), a los que la llegada al poder del PP y Vox en muchas comunidades autónomas amenaza con hacer desaparecer en buena parte de España, al menos para las transferencias entre familiares directos y cercanos.

Los asesores fiscales abogan por simplificar el impuesto para reducir su litigiosidad y facilitar su pago. ¿Cómo? Estableciendo un límite exento elevado, que excluya a las rentas medidas; simplificando el impuesto con una base imponible amplia y unos tipos más bajos, de entre el 10 y el 15%; y estableciendo dos escalas de gravamen, una para familiares cercanos y otra para familiares lejanos y otros, para evitar la proliferación de bonificaciones fiscales que benefician a diferentes tipos de familiares.

Los asesores fiscales esperan que la liquidación del gravamen a las grandes fortunas desencadene en las próximas semanas una avalancha de impugnaciones de los contribuyentes afectados, ya no sólo por su rechazo a una figura cuya legalidad está en cuestión sino también como vía para preservar sus derechos en caso de que sea declarado inconstitucional, ya que en caso de no recurrirlo podrían no tener derecho a reparación como ocurrió con la plusvalía municipal.