Antonio Garamendi denuncia el asalto del Gobierno a la negociación colectiva: «La reducción de jornada equivale a regalar 12 días más de vacaciones pagadas»

En una semana clave, en la que primero se escaló el enfrentamiento entre la CEOE y el Gobierno tras el rechazo del ultimátum para que los empresarios pusieran sobre la mesa una propuesta de reducción de jornada, y tras la vuelta a la senda de la negociación -previo alineamiento del Ministerio de Economía con los planteamiento de la patronal a cerca de la medida- con una nueva propuesta del gabinete capitaneado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, incluyendo un mejor tratamiento de la distribución irregular de la jornada como guiño hacia las organizaciones empresariales, Garamendi advirtió de los peligros de abordar la medida sin calcular el coste que puede entrañar y sus efectos colaterales: «La reducción de jornada equivaldría a 'regalar' casi 12 días más de vacaciones por trabajador pagadas por el empresario», señalaba el presidente de la CEOE.

Precisamente, en este momento recordaba el líder empresarial la importancia de calcular el coste de las medidas que se pretende impulsar, más aún con una composición tan marcada del tejido productivo por pequeñas y medianas compañías. Según la patronal Cepyme, esta reducción de 2,5 horas semanales de trabajo también equivale a un subida encubierta de los sueldos por valor de 12.000 millones de euros, y de unos 42.000 millones de coste si se tiene en cuenta también la pérdida de valor añadido bruto.

Así, desde la patronal critican el triunfalismo que supura el Gobierno con cada cifra de empleo publicada, positivas en los últimos años, sin dar el valor al papel del empresario como empleador. «Ahora que hay récord de empleo, el Ministerio de Trabajo saca pecho. Pero son las empresas principalmente las que contratan y son las que tienen que sacar pecho por ello», señalaba Garamendi recordando que precisamente este pulso de creación de puestos de trabajo no se ha mantenido por el aumento de costes laborales que han propiciado las políticas del Gobierno.

«Las empresas han seguido contratando cuando el aumento del precio de la energía incrementó sus costes y, sobre todo, cuando han aumentado los costes laborales», señalaba Garamendi recordando subida acumulada del salario mínimo interprofesional un 54% acumulado desde 2018, «lo que está presionando los convenios colectivos», o la nueva cotización destinada a reflotar la 'hucha' de las pensiones mediante la cuota del mecanismo de equidad intergeneracional que califica el presidente de CEOE como una «derrama». Fue en este punto donde reiteró la idea ya lanzada públicamente hace algunos meses de la pedagogía social sobre el coste que afrontan los empleadores que supondría el hecho de que los trabajadores cobren su nómina en bruto y sean ellos quienes a la postre satisfagan las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.

En este punto, advierte el líder empresarial de que si el Gobierno no pone freno a la maquinaria legislativa que no hace más que incorporar costes y reducir el margen de las empresas «quizá algún día el Ministerio de Trabajo tendrá que dar cuenta de un deterioro del empleo y explicar por qué las empresas ya no contratan como antes».

«Cambiar las reglas del juego en mitad del partido, como ha ocurrido al modificar la estructura de la negociación colectiva o como ha planteado el Ministerio de Trabajo con el límite máximo de la jornada legal, por cumplir pactos políticos, es sencillamente gobernar contra las empresas, contra el país, contra los ciudadanos, y contra los propios intereses de sus votantes», denuncia el líder empresarial.

CEOE subraya la necesidad tener «confianza» en el entorno regulatorio para que las empresas puedan ejercer a pleno pulmón su labor de generación de riqueza y creación de empleo. «Si no contamos con un entorno predecible, desde el punto de vista político y legislativo las empresas no podemos operar», señala Garamendi advirtiendo que la alternativa es que las compañías operen desde una actitud «defensiva», «que restará gran parte de nuestro potencial de crecimiento».

Recordaba Garamendi en esta línea que la CEOE fue capaz durante la pandemia de alcanzar acuerdos con el Gobierno y los sindicatos para proteger el tejido productivo y el empleo. «¿Por qué fuimos capaces? Porque había un interés real por cuidar a nuestro país por parte de todos, y había confianza entre unos y otros. Algo que ahora lamentablemente se ha deteriorado», señalaba reconociendo la erosión en la relación con los representantes de la Administración en los últimos meses.

«Es lo que ocurre cuando se incumplen los pactos, como ha ocurrido con la prioridad de los convenios acordada en la reforma laboral y que se ha modificado sin pasar por el diálogo social», señalaba reiterando, no obstante, la voluntad de dialogar «pero no decir siempre sí». «Seguimos dispuestos a sentarnos en todas las mesas de diálogo social que hagan falta como venimos haciendo desde hace 47 años, pero no para aceptar trágalas y ultimátum», advertía.

Por último, en pleno intento de demolición de la actual estructura del diálogo social que está forzando el Ministerio de Trabajo con la incorporación de nuevas organizaciones al diálogo social, desde la patronal lanzan un mensaje contundente: «Quiero dejar una cosa clara. Nosotros no tenemos que pedir un asiento o un sitio en el diálogo social, porque nosotros hemos construido ese diálogo social junto a los sindicatos CC.OO. y UGT», exclamaba Garamendi argumentando entender que la presencia de la patronal incomoda «porque no somos amiguetes de nadie ni queremos ser cómplices de futuros fracasos».