Los altos funcionarios frenan la maniobra del Gobierno para meter a interinos en puestos clave de la Administración

Consultado por ABC, el Ministerio ha confirmado el acuerdo, lo que supone un cambio de criterio fundamental en el área de Función Pública respecto al mantenido en las últimas convocatorias, en las que se ha incluido la cláusula de la bolsa de interinos pese a las duras presiones internas para impedirlo, como ha ocurrido en colectivos como los inspectores de Hacienda, los interventores del Estado o los secretarios e interventores de ayuntamiento. De hecho, solo los inspectores de Trabajo se han librado de esta cláusula.

Fuentes ministeriales aclaran, igualmente, que el acuerdo no alcanzará a las convocatorias ya en marcha, ni tampoco a los que están pendientes de la oferta de empleo del año 2023, así que no se aplicará hasta que arranquen las convocatorias de la oferta de empleo de este año. Fuentes de diferentes asociaciones de cuerpos superiores daban la bienvenida con cautela al acuerdo en declaraciones a este diario y se remitían a constatar ese cambio de criterio en futuras convocatorias antes de realizan una valoración formal.

El asunto desencadenó hará cosa un año una ola insólita de protestas callejeras de los altos funcionarios después de que la Secretaría de Función Pública, entonces bajo la dirección del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, circulara una instrucción para que todas las convocatorias de plazas para los cuerpos superiores del Estado previeran la constitución de una bolsa de interinos con los aspirantes que hubieran aprobado al menos un examen de la oposición, al objeto de contar con una cantera de la que tirar cuando se pusieran de manifiesto necesidades de personal en esos ámbitos. Incluso se impugnaron las convocatorias ante los tribunales.

Así lo reconocía entonces el propio Ministerio de Hacienda que decía que el objeto era disponer de un criterio claro de selección de interinos y agilizar su incorporación cuando existan razones justificadas de necesidad y urgencia para cubrir las vacantes. La revuelta de los altos funcionarios partía de que no se trata de funciones cualquiera, sino que este perfil de altos funcionarios ejecutan funciones básicas como el control de las cuentas públicas, la persecución del fraude fiscal u otras de relevancia similar. Denunciaban, además, que el Gobierno tratara de abrir la puerta a la incorporación de nuevos interinos, apenas unos meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenara al país por los excesos en el uso de interinos en la Administración.

La acumulación de anuncios y propuestas en materia de Función Pública efectuadas por el ministro Escrivá desde que se hiciera oficial su asunción de esas competencias ha sido cuestionada este lunes por el sindicato CSIF, que ha pedido al ministro menos anuncios en los medios de comunicación y más negociación con los sindicatos para resolver los problemas pendientes en la plantilla de la Administración.

En concreto el sindicato ha hecho referencia a un proyecto de orden ministerial para reformar la planificación de los recursos humanos en la Administración del Estado que el Ministerio ha sometido a consulta pública y que CSIF entiende que se ha improvisado para tratar de cumplir con los compromisos con Bruselas en materia de reforma de la Administración "sin afrontar cuestiones esenciales como la eliminación de la tasa de reposición de vacantes, el refuerzo de la plantilla pública (el sindicato ha recordado que no se ha presentado la oferta de empleo público de este año) o la mejora de las condiciones de jubilación de los funcionarios".