Boicot sin precedentes de los altos funcionarios a la entrada de interinos en puestos clave de los ayuntamientos

Hacienda aspira a cubrir 807 plazas de secretarios-interventores (en municipios de menos de 5.000 habitantes) y de secretarios e interventores municipales, en ayuntamientos de mayor tamaño, con personal interino que fue nombrado en su día por procedimientos no siempre transparentes y a los que ahora se les da la oportunidad de incorporarse como habilitados nacionales de pleno derecho a la plantilla de la Administración, a través de una 'oposición suave' o directamente mediante un concurso de méritos sin necesidad de superar las exigentes pruebas de acceso del colectivo.

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«Somos un cuerpo esencial para el adecuado funcionamiento de la administración municipal», explica Alberto Bravo Queipo, portavoz de la asociación profesional del colectivo Apsital. «De hecho somos el último bastión frente a la corrupción en las entidades locales, y no creemos que esos puestos deban ser ocupados por personas que en muchos casos fueron nombradas a dedo y que ahora tendrán una plaza por un simple concurso de méritos».

«Se trata de un proceso a la carta que va a repercutir en en el desprestigio del cuerpo y en un empeoramiento del servicio público a los ciudadanos», añaden desde Apsital.

La asociación denuncia que tal y como se ha configurado el proceso 658 de las 807 plazas convocadas de habilitados nacionales serán cubiertas por concurso de méritos sin que los aspirantes tengan que superar ningún examen. También de que el resto de plazas se cubrirán sin tener superar la dura oposición de tres exámenes y un temario compuesto por 150 temas que tienen que superar los opositores que quieren acceder a un puesto de habilitado nacional por turno libre.

El colectivo ha considerado que hay argumentos más que suficientes para recurrir y solicitar la nulidad de la convocatoria del Ministerio de Hacienda, sobre la que se espera que el Tribunal Supremo se pronuncie a principios del mes de julio.

Por este motivo ha sorprendido que la semana pasada el Ministerio de Hacienda publicara las tres órdenes ministeriales que identifican a los candidatos que aspiran a ocupar las 807 plazas disponibles en las escalas: secretarios-interventores, interventores y secretarios; y acelerara la constitución de los tribunales que deberán examinarlos.

Las renuncias masivas de altos funcionarios a formar parte de esos tribunales, que se quedaron de una tacada con una tercera parte de sus integrantes supuso un revés. Pero Hacienda se ha apresurado a designar a los sustitutos en una prueba más de sus prisas por resolver el proceso.

Tiene sus motivos. A principios de mes los sindicatos representativos de interventores y secretarios interinos amenazaron con ir a la huelga y paralizar la constitución de las nuevas corporaciones municipales -la ley establece como obligatoria la presencia del secretario municipal en la toma de posesión de la nueva corporación municipal- si no se desbloqueaba el proceso de consolidación de sus plazas.

Hacienda quedó atrapada ahí entre la amenaza de huelga de los interinos y el rechazo frontal de los habilitados nacionales al proceso de consolidación comprometido por el Gobierno. Y optó por acelerar la publicación de las órdenes necesarias para reactivar la consolidación de las plazas ocupadas por personal interino.

«Lo normal sería que el Gobierno hubiera esperado al pronunciamiento del Tribunal Supremo para anular el proceso, en caso de que la resolución nos diera la razón; o continuarlo con respaldo jurídico, en caso de que fuera considerado ajustado a la legislación. Que no haya querido esperar y, al contrario, haya acelerado el proceso nos hace pensar que quiere dejarlo resuelto antes de las elecciones», señalan desde la asociación que representa a los secretarios e interventores.

Fuentes conocedoras del marco jurídico en que se desenvuelve esta controversia advierten de que hay pronunciamientos judiciales que consideran protegidos los derechos adquiridos aún cuando hayan sido el resultado de un proceso considerado como irregular, lo que blindaría a los interinos que hubieran consolidado su situación dentro de la plantilla de la Administración aunque el Supremo considerara el proceso como irregular. Un marco que incentivaría una resolución rápida del proceso.

El portavoz de Apsital considera que en ningún caso se debería permitir que los interinos adquirieran la condición de habilitados nacionales, aunque se les reservara la plaza que han venido ocupando hasta la fecha.