El Gobierno prepara el terreno para activar las oposiciones exprés a partir de 2026

Una de las primeras medidas que el ministro de Transformación Digital y Función Pública quiere introducir en la legislación española antes del verano es la reforma de las ofertas de empleo público para obligar por ley a que las plazas que se incluyan en cada convocatoria se adjudiquen en el mismo año natural en el que se convocan, no como sucede en la actualidad en el que el proceso se dilata con demasiada frecuencia año y medio, dos o incluso tres años y las plazas ganadas pueden tardar varios meses en ocuparse por la lentitud del proceso administrativo.

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Esta reforma de las ofertas de empleo público ha sido introducida como enmienda por el PSOE en la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de medidas urgentes para agilizar la ejecución del Plan de Recuperación, que contiene también varias medidas para flexibilizar los procesos de acceso a la Administración, si bien plantea un plazo de año y medio para que las administraciones se adapten a este nuevo esquema que según las fuentes del ámbito de la Función Pública consultadas exigiría ya no solo de una cierta agilización administrativa sino casi de un cambio de cultura. Lo que se propone es que esta restricción temporal empiece a aplicarse en la oferta de empleo público del año 2026.

El objetivo declarado por el Ministerio es agilizar los procesos de selección para acortar los plazos de incorporación de los nuevos funcionarios a sus puestos. Aún se recuerda el caos del año 2022, en el que los retrasos administrativos y las circunstancias de la pandemia hicieron coincidir en el tiempo convocatorias de las ofertas de empleo de 2019, 2020 y 2021, que no siempre se cubrieron en ese orden.

«Nos parece bien que se intente planificar el futuro», aseguran desde el sindicato CSIF, «pero lo que tenemos a día de hoy es que se han destruido 84.000 puestos de trabajo en los últimos doce meses, que no se ha empezado a negociar la oferta de empleo de este año y que en ese trámite de enmiendas se ha perdido una oportunidad de oro para eliminar la tasa de reposición de vacantes, como el Gobierno se ha comprometido a hacer».

Escrivá parece haber priorizado la instauración del nuevo sistema de acceso exprés a la Función Pública sobre la derogación de una medida muy demandada por los sindicatos pero que caerá por su propio peso en un nuevo esquema en el que las ofertas de empleo responderán al ejercicio previo de estimación de necesidades que tendrán que hacer los ministerios, sin ningún tipo de restricción aparente más allá de la presupuestaria.

Formaciones como Sumar y ERC han introducido también enmiendas por su parte para que el criterio prioritario para definir las ofertas de empleo sea la adecuada prestación de los servicios públicos o la cobertura de las jubilaciones no solo del año en curso sino del siguiente, pero el esquema planteado por el PSOE mantiene el ciclo presupuestario como elemento de ajuste en un contexto en el que España deberá reducir su déficit público.

Más allá de estas discrepancias puntuales con los socios parlamentarios, las mayores resistencias a esa agilización que pretende Escrivá, o al menos al modo en que quiere hacerla, vendrán de dentro. Una de las claves de esas oposiciones exprés que se convocan y se resuelven en el mismo año es lo que el Ministerio denomina «la adecuación entre las pruebas y las funciones a desarrollar», que según su argumentario implica la valoración en las oposiciones no solo de los conocimientos sino de las competencias y habilidades necesarias para el puesto, pero que según la opinión de buena parte de las asociaciones profesionales de cuerpos superiores de la Administración del Estado no es más que una coartada para bajar el actual listón de exigencia para acceder a un puesto de funcionario público y una amenaza para un servicio público de calidad.

«Quieren unas oposiciones cortas y malas», denuncia la presidenta de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, que admite que el actual procedimiento es mejorable y ajustable, pero que considera que ello no puede hacerse a costa de bajar la capacidad de los nuevos funcionarios.

«Hay que mejorar la eficiencia y el proceso de oposiciones, pero conviene ser prudente cuando se hace en la Administración porque hacer una revolución lo que puede traer finalmente es la demolición de las oposiciones tal y como las conocemos, y nosotros no lo aceptaremos», advierte.