La coartada perfecta para no hacer nada

La medida puede complicar el alquiler turístico, pero no lo elimina. Y, lo que es peor, no ataca el problema real. Por tres motivos claros. Primero: choca con el principio de propiedad privada. Cada propietario debería poder decidir, dentro de la ley, qué hace con su vivienda. Segundo: la mayoría de estas casas no están disponibles todo el año. Muchas son segundas residencias que se alquilan solo en verano; si les cierran esa vía, sus dueños probablemente no las pondrán en alquiler de larga duración. Y tercero: el Gobierno no tiene competencias directas en esta materia. Como mucho puede limitar la publicidad en plataformas, pero no puede obligar a los propietarios a cambiar de modelo. Lo que parece claro es que esta medida busca más el titular que la solución. Señala a un 'culpable' -los pisos turísticos, los supuestos especuladores- y construye un relato político sin pensar en el impacto real. Demonizar al que alquila su piso turístico es fácil, pero la realidad es bastante distinta.

En España la mayoría de las viviendas están en manos de ciudadanos corrientes. Según el Banco de España, el 73,6% de los hogares vive en una casa propia. De los que tienen alguna más, el 80% solo posee un inmueble, el 16% dos y apenas un 4% tres o más. Los grandes fondos y empresas, esos que siempre se presentan como 'el villano' del mercado inmobiliario, solo gestionan un 8% del alquiler residencial. El 92% restante está en manos de particulares. Es decir, la imagen de que cuatro gigantes controlan el mercado es directamente falsa. El alquiler en España está atomizado, repartido entre miles de propietarios pequeños. Y estos ciudadanos, como es lógico, buscan sacar rendimiento a su vivienda: ya sea con un contrato de larga duración, alquilando por temporadas o con alquiler turístico. No hablamos de millonarios sin escrúpulos, sino de familias que complementan ingresos, ahorran un poco más o pueden mantener su casa en mejores condiciones.

De hecho, el alquiler turístico tiene un efecto positivo que pocas veces se menciona. Según la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos, el ingreso medio anual por propiedad ronda los 22.800 euros. Ese dinero no solo ayuda a las familias, también se queda en los barrios: en bares, tiendas, pequeños comercios y servicios locales. Además, reparte el turismo hacia zonas menos céntricas o incluso rurales, dando vida a lugares que de otra forma quedarían fuera del mapa.

En resumen, criminalizar a los pisos turísticos es un error. No son el origen de la crisis de la vivienda y prohibirlos no aumentará de golpe la oferta de alquiler habitual. Si de verdad se quiere arreglar el problema, hacen falta políticas serias que fomenten la construcción, faciliten el acceso a la vivienda y respeten a los propietarios. Porque, no lo olvidemos, en este país la vivienda está en manos de los ciudadanos, no de los fondos de inversión.