La Airef avanza que España entrará en recesión técnica ya este mismo año
La institución da por hecho que el Gobierno adelantará la activación del impuesto a los ricos para obtener esa recaudación ya en 2023
La Autoridad Fiscal vaticina un choque con Bruselas si el Gobierno decide prorrogar todas las medidas de alivio frente a la crisis energética
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas, ha vaticinado este martes que la economía española no podrá escapar de la depresión económica que atenazará a Europa en los próximos meses y entrará en una recesión técnica en el último trimestre del año de la que no saldrá hasta la próxima primavera.
El organismo confluye así con el escenario al que empiezan a tender todos los institutos de análisis, pero que el Gobierno se resiste a asumir, al menos en sus declaraciones públicas. La directora de la División de Análisis Económico de la institución, Esther Gordo, ha aclarado que esto no significa que España vaya a entrar en una recesión económica como la de Alemania, pero sí que experimentará dos trimestres consecutivos de contratación económica. En concreto, la Airef considera que el estancamiento de la economía habría empezado ya y que el crecimiento en el tercer trimestre del año (julio-septiembre) será de cero o próximo a cero, como ya deslizó por accidente un alto cargo del INE la semana pasada.
La contracción de la actividad se habría iniciado en este último trimestre del año y se prolongaría hasta primavera, según el escenario central de Airef. Los analistas del organismo prevén un deterioro de entre el 0,2% y el 0,3% de la actividad económica en ambos trimestres, aunque este martes han deslizado que probablemente haya que revisar a la baja esos datos a la luz de los nuevos indicadores económicos que se están conociendo en los últimos días y el desplome de la confianza de los agentes económicos.
Sobre esta base, la Autoridad Fiscal subraya sus dudas sobre el cumplimiento del escenario macro diseñado por el Gobierno, que prevé un crecimiento del 2,1% para 2023, frente al 1,2% que ha estimado la Airef, y también sobre el cumplimiento de las previsiones de ingresos y gastos que se prevén en los Presupuestos de 2023. El escepticismo de la Autoridad Fiscal no es tanto sobre los ingresos, que considera que se pueden conseguir, como los gastos, que estarían infravalorados en los dos escenarios presupuestarios que el Gobierno ha enviado a Bruselas y cuyas inconsistencias han complicado sobremanera la evaluación del organismo, según ha recalcado la presidenta de Airef, Cristina Herrero.
Jugando al filo con Bruselas
Herrero ha insistido en que las cuentas públicas para el año que viene nacen viciadas al no incluir la prórroga de las medidas de alivio para particulares y empresas que el Gobierno ha activado durante los últimos meses y que ya ha avanzado que prorrogará al menos en parte tras su vencimiento, previsto para el próximo 31 de diciembre. Esta decisión ha sacado de los Presupuestos más de 15.000 millones de euros en gastos, según las estimaciones de la Autoridad Fiscal, lo que convierten el proyecto presupuestario enviado al Congreso de los Diputados en papel mojado.
El preceptivo Plan Presupuestario remitido a Bruselas revela la intención del Gobierno de mantener al menos medidas por valor de 10.000 millones en 2023, lo que destroza las costuras del proyecto que se está tramitando en Cortes y genera problemas adicionales. La Autoridad Fiscal ha advertido este martes que la eventual prórroga del paquete de medidas aprobadas para paliar los efectos sobre los ciudadanos y la economía española de la escalada de los precios energéticos y de la inflación podría desbordar los márgenes de la regla de gasto recomendada por la Comisión Europea a España el pasado mes de abril y que se supone que debía servir como guía para las cuentas de 2023.
La presidente de la Airef, Cristina Herrero, ha reconocido que hay muchas incógnitas en relación a la aplicación de esta regla, que se referencia a dos conceptos, la evolución del gasto corriente nacional y el PIB potencial, sobre los que no existe un consenso general y que además podría no incluir las medidas temporales de apoyo a la economía, pero también ha vaticinado que la vaguedad de la información proporcionada por el Gobierno de España va a hacer que la Comisión Europea le pide explicaciones sobre las medidas que tiene intención de prorrogar para 2023.
De momento, lo que se sabe al respecto, es que la prórroga de todas las medidas de gasto actualmente en vigor costaría 15.000 millones de euros y que el margen para 2023 que el Gobierno definió en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas preveía un gasto extra por este concepto de 10.000 millones de euros, lo que augura que el Ejecutivo tendrá que meter tijera en alguna de las medidas actualmente en vigor.
Se impondrá el impuesto a los ricos ya en 2023
Tampoco hay mucha claridad respecto a los ingresos que el Gobierno tendrá disponibles en 2023. En la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos de 2023 la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el nuevo gravamen sobre las grandes fortunas creado para hacer pagar el Impuesto sobre Patrimonio a los contribuyentes madrileños y andaluces entraría en vigor y se devengaría en 2023, pero no se abonaría de forma efectiva hasta 2024, una vez realizada la declaración.
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Una semana después, en la información que se remitió a Bruselas dentro del Plan Presupuestario, el Gobierno incluyó esos 1.500 millones de ingresos extra que se esperan ingresar con esa figura dentro de los ingresos de 2023. Había dudas en torno a si era por la metodología de contabilización empleada o porque esperaba adelantar el impuesto. La Autoridad Fiscal lo tiene claro y en su análisis sobre los Presupuestos de las Administraciones Públicas para 2023 da por hecho que el Estado ingresará esa recaudación -que reduce, eso sí, de 1.500 a 1.270 millones de euros- en 2023, lo que implica asumir que se hará pagar a los contribuyentes afectados ya este mismo año.
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