La Airef plantea que se obligue a los gobiernos a decir a principio de mandato cuánto van a gastar en la legislatura

De hecho es más que probable que esas referencias nunca más se vuelvan a aplicar. La Comisión Europea presentará el próximo mes de noviembre una propuesta de nuevas reglas fiscales, que por lo que se anticipa planteará un marco menos inflexible y más adaptado a las necesidades particulares de cada país. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España (Airef) ha revelado este viernes su propuesta de nuevas reglas fiscales, que ya ha compartido con el Gobierno de España y con la Comisión Europea, en la que se muestra a favor de revocar los actuales objetivos de déficit como referencia para la definición de la política fiscal de los países y a favor de obligar a los gobiernos a concretar al principio de su mandato los gastos en que planean incurrir a lo largo de la legislatura de modo que exista una referencia concreta a partir de la cual medir el cumplimiento o incumplimiento de sus planes fiscales.

La libertad de los gobiernos para definir esa senda de gasto será mayor que la actual, ya que no se tendrán que sujetar a un objetivo de déficit anual impuesto por la Comisión, pero no será total. El planteamiento que la Autoridad Fiscal española ha trasladado a Bruselas, y que sintoniza en su mayor parte con la que han trasladado el resto de autoridades fiscales europeas, es que parta de un ancla u objetivo de deuda pública a medio plazo, que sea calificada como alcanzable por la Airef de turno y que tenga en cuenta tanto la situación actual -en el caso de España es de sobreendeudamiento por lo que el objetivo sería reducir esa deuda-, los problemas que el país haya podido tener en el pasado -hay España vuelve a no salir bien parada, si tenemos en cuenta lo cerca que el país estuvo de la quiebra en la crisis financiera- y, eso sí, la inercia observada de los gastos y los ingresos públicos en el país.

El ejercicio serviría para fijar un objetivo de deuda a diez años vista que tendría que ser respaldado por el Parlamento nacional y por Bruselas y al que se tendría que sujetar el Gobierno. Ese objetivo de deuda sería el que condicionaría la política fiscal, de modo que cualquier senda de gasto que se apartara de ese objetivo sería denunciada primero por la Autoridad Fiscal de turno y corregida después desde la Comisión Europea. La clave, dicen desde la Autoridad Fiscal, es dar más margen de maniobra a los países, racionalizar los planes de ajuste de gasto y facilitar el avance hacia un objetivo de sostenibilidad de las cuentas públicas.