Airbnb asegura que no ha recibido un requerimiento de información de Consumo y que siempre pide los permisos necesarios

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo abrió ayer una investigación a las plataformas de alquiler turísticos para «perseguir» la publicidad de viviendas sin licencia. Aunque la nota no ofrecía nombres sobre las compañías investigadas, si detallaba que haría hincapié en la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos. Descripción bajo la que se incluyen plataformas como Airbnb o Booking.

En este sentido, la plataforma defiende que, a la hora de registrarse, siempre recuerda a los anfitriones la necesidad de comprobar y cumplir con las leyes locales antes de anunciar un espacio en la plataforma, les pide que certifiquen que cuentan con los permisos y les recuerda a lo largo del año que comprueben y cumplan con las reglas locales. «Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma», detallan.

Asimismo agregan que, en los últimos años, la empresa ha puesto en marcha iniciativas que para reforzar la confianza en la plataforma, como: un portal para gestionar peticiones de autoridades policiales y judiciales y un programa de promoción de detectores de ruido en las principales ciudades españolas, entre otras medidas.

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En cuanto al trabajo con autoridades para perseguir la oferta ilegal recuerda que en 2020 la plataforma firmó con el Consejo Insular de Ibiza un acuerdo para ayudar a los anfitriones a cumplir con la regulación local y apoyar las tareas de inspección de las autoridades. «Este acuerdo, que sigue vigente y en funcionamiento, consiste en un protocolo para requerir información sobre aquellos anuncios que las autoridades hayan iniciado expedientes sancionadores porque no cumplen con la regulación local, y que Airbnb eliminará posteriormente de la plataforma».

La plataforma también agrega que trabaja con el Ayuntamiento de Barcelona desde 2018 para ayudar a eliminar los operadores que no respetan la normativa. «Esta colaboración ha permitido retirar más de 7.000 anuncios de la plataforma», añaden desde Airbnb.

Por otro lado, Airbnb además dice haber apoyado la nueva normativa aprobada por la UE que establece un marco para que Gobiernos y plataformas compartan información. La norma, aseguran, «dará a las autoridades más visibilidad sobre la actividad de los anfitriones y facilitará unos sistemas de registro más simples y centralizados».

Según Airbnb existen dos sentencias clave que definen la responsabilidad de las plataformas. En primer lugar, recuerda que en diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que Airbnb debe ser regulado como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario. En este sentido, determinó que como prestador de servicios de intermediación de la sociedad de la información y no presta el servicio final de hospedaje.

«Por otro lado, en enero de 2022, el Tribunal Supremo, siguiendo el dictamen del TSJUE, dictó una sentencia clave: la información de los anuncios, incluido el número de registro cuando ello es necesario, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia», detallan. En esta misma sentencia, se dictaminó que Airbnb es un «intermediario neutro» de los servicios de la sociedad de la información, y que no debe considerarse un proveedor inmobiliario ni prestador de servicios turísticos. Como tal, se le aplica la Directiva de Comercio Electrónico.