La afiliación de empleadas de hogar y el campo es la más baja en 11 años

Si hay dos sectores afectados por el aumento del SMI esos son el agrícola y el de empleadas de hogar, y son pymes y autónomos los que en su mayor parte están haciendo frente a la factura, superior en más de un 40% a la que había hace cuatro años. Sin olvidar a familias y pensionistas, muy castigados por el alza de costes, lo que también ha estado alimentando el declive de las trabajadoras domésticas.

A finales de 2023 había 372.118 personas cotizando en el régimen de empleadas de hogar, la cifra más baja en once años. Lo mismo que ha ocurrido en el sector agrícola, que cerró el pasado ejercicio con 691.582 ocupados. En este periodo los afiliados de ambos colectivos no han dejado de caer. En el caso del campo, la meteorología, los precios y la falta de ayudas no han dado tregua; en el de las trabajadores del hogar, la espiral de costes que soportan las familias han dejado huella en las cifras de afiliación. Diversas fuentes apuntan la posibilidad de que algunas trabajadoras, que son en un 95% de los casos mujeres, hayan pasado a la economía sumergida. Ambos sectores han perdido casi 117.000 empleos desde que el indicador comenzara su escalada en 2019.

El incremento del SMI primero, y el Covid después, han hecho estragos entre las trabajadoras del hogar que cotizan a la Seguridad Social, que hoy siguen en su nivel más bajo desde 2012. Este año estas trabajadoras pasaron a formar parte del régimen de asalariados del sistema; antes contaban con un régimen propio, similar al de los autónomos. Para hacer frente a las subidas desde que en 2020 el SMI llegara a 900 euros, algunas familias, que o bien no han podido o no han querido asumir el incremento, han optado, en el mejor de los casos, por modificar el contrato y recortar la jornada laboral de la empleada para pagar lo mismo. En el peor de los escenarios, han despedido. Pensar en una nueva subida es un quebradero de cabeza para muchas de esas familias y también para los pensionistas que tienen contratadas a cuidadoras. Sus nóminas crecerán este año un 3,8% y los sueldos que pagan a sus cuidadores lo harán por encima del 4%.

Hay que tener en cuenta que al salario mensual se debe sumar el importe a desembolsar a la Seguridad Social una vez que se ha dado de alta el contrato por parte de la familia empleadora. El tipo de cotización por contingencias comunes sobre la base de cotización a aplicar en cada caso es del 28,30%. Esta cuantía se divide a su vez en un porcentaje del 23,60% a cargo del empleador y del 4,70% a cuenta de la propia empleada de hogar y que se resta en la nómina. A estos costes se suma desde el pasado año el mecanismo de equidad intergeneracional, un recargo de cotizaciones para poder pagar las pensiones, que este 2024 ha aumentado al 0,7%. Un porcentaje que se distribuirá a razón de un 0,58% a cargo de la empresa y 0,12% a cargo del trabajador (los trabajadores autónomos asumirán íntegramente ellos ese 0,7%).

Desde final de 2022 las empleadas de hogar se rigen por un nuevo marco normativo que incluye entre las principales novedades la obligatoriedad de cotizar por desempleo y Fogasa, tanto para el empleador como para la trabajadora. El Gobierno se vio obligado a reconocer su derecho al paro cuando pierden su puesto de trabajo después de que la Justicia europea considerara que la norma española era discriminatoria, se oponía al derecho europeo y derivaba en una situación de «desamparo social» para este colectivo. En 2023 el servicio público de empleo bonificó el 80% de estas cotizaciones para mitigar su impacto en la economía de las familias.

La situación por la que atraviesa el sector agrario no es mejor. Ha cerrado un año «convulso y lleno de dificultades», según la patronal Asaja. Recuerda que la meteorología ha hecho mella en buena parte de las producciones agrarias, lo que ha tenido como resultado que la siniestralidad en el campo se elevara un 61%, hasta los 1.300 millones en pérdidas, según Agroseguro. Este escenario fue el que llevó a CEOE a pedir al Gobierno un trato diferenciado con el SMI, petición que ha sido denegada.

Desde hace varios meses, Asaja viene reclamando a las administraciones la necesidad de poner en marcha un plan de choque durante varios años para garantizar la viabilidad de las explotaciones.

La literatura económica es clara sobre el impacto de las subidas del salario mínimo en el empleo. La Airef y el Banco de España lo han sido, como también la fueron expertos elegidos por Yolanda Díaz como la catedrática de Economía, Sara de la Rica. En un extenso trabajo concluyó que la subida de 2019, del 22,3%, liquidó casi 30.000 empleos de entre los 1,5 millones de españoles en el rango salarial más bajo.