La banca asume el plan antidesahucios

Las familias en paro y con viviendas de menos de 200.000 euros podrán pedir la dación en pago si la alternativa que le propone su entidad es inviable

MADRID Actualizado:

Bien por respuesta al clamor popular bien por publicidad, los banqueros del país se han sumado al plan del Gobierno para aliviar la situación de los hogares españoles al borde del desahucio. El Consejo de Ministros aprobó ayer un código de buenas prácticas bancarias que, de acogerse a él, obliga a las entidades financieras a abaratar las hipotecas de las familias en paro y con bajos ingresos y, en último término, a aceptar la dación en pago, que implica saldar la deuda con la entrega de la vivienda. «Tenemos la mejor disposición para adoptarlo», aseguró ayer la Asociación Española de Banca (AEB).

La lista de entidades que se acogen a ese código es todavía secreta. El Gobierno rehusó ayer facilitarla pero avanzó que se hará pública en la página web del Tesoro y en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aun así, el Ejecutivo aseguró que el plan ha tenido «buena acogida» entre la banca.

El presidente de BBVA, Francisco González, ya avanzó semanas atrás que su entidad se va a adherir al mismo. Y el resto de grandes bancos —entre ellos Santander y Popular— harán lo mismo, según fuentes del sector consultadas por este diario. «Las cajas de ahorros comparten ese objetivo de solucionar los problemas de los desahucios de personas en riesgo de exclusión», dijo la patronal de las cajas, la CECA, que recordó que el 97,5% de los hipotecados paga sus cuotas.

Sáenz de Santamaría estimó en rueda de prensa que desde el inicio de la crisis se han llevado a cabo unos 300.000 desahucios. Y recordó que un millón y medio de familias tienen a todos sus miembros en paro.

Según el texto aprobado, se podrán acoger al plan aquellas familias con todos sus miembros en paro, que carezcan de rentas derivadas del trabajo o actividades económicas, cuya hipoteca afecte a su primera y única vivienda y la cuota de ese préstamo no supere el 60% de los ingresos netos totales del hogar. Deben carecer también de bienes patrimoniales con lo que afrontar la deuda para ser incluidos en el umbral de exclusión definido por el Ejecutivo. Y el valor de la vivienda debe estar entre 120.000 y 200.000 euros, según el tamaño de la ciudad en que se encuentre.

Efectos retroactivos

El plan se aplicará sobre las hipotecas ya constituidas, aunque se ampliará para aquellas en proceso de ejecución hipotecaria dependiendo de la fase del desahucio en que se encuentren. Las familias con dificultades para afrontar el pago de las cuotas y que aún no estén en proceso de desahucio podrán pedir a su entidades financiera una reestructuración de la deuda que haga viable su pago. En el plazo de un mes, el banco debe proponer un aplazamiento de cuatro años para el pago del capital principal del préstamo, una ampliación del plazo de amortización hasta 40 años o una reducción del tipo de interés.

Si con estas medidas, todavía resulta inviable para la familia el pago del préstamo podrá solicitar una quita en el capital pendiente de amortizar. Pero si tampoco resulta suficiente, el deudor podrá exigir la dación en pago y una vez transcurridos doce meses el banco debe aceptarla siempre que la familia esté dentro del umbral de exclusión. La vivienda pasará a ser propiedad de la entidad, pero la familia podrá permanecer en la misma durante al menos dos años en régimen de alquiler, pagando una renta mensual.

El Gobierno aprobó también ayer limitar los intereses de demora, de forma que las entidades no podrán aplicar un interés por las cantidades impagadas superior a 2,5 puntos por encima del tipo. Son todas ellas soluciones que, según las entidades consultadas por ABC, ya vienen ofreciendo bancos y cajas a los hogares en dificultades. «Lo que hace el Gobierno es oficializarlas», admite una de esas fuentes. Si las entidades asumen ese código, será obligatorio para ellas. Una de las razones para hacerlo es que proporciona bonificaciones y exenciones fiscales a las que lo adopten. Aun así, la banca denunció tener que asumir funciones contra la exclusión social que corresponden a las administraciones públicas y que la forma «eficaz» para combatirla debe atacar sus causas. Esto es, el crecimiento económico y el paro.