CUENTAS SIN CUENTOS
Las ayudas públicas y las empresas zombis
Más de año y medio después del estallido de la pandemia, el principal riesgo de prorrogar los ERTE sigue siendo el tirar dinero público en mantener negocios inviables
Hace más de un año el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos , avisaba del riesgo de mantener artificialmente con dinero público lo que llamó «empresas zombis», compañías que cuando la pandemia acabe desaparecerán o tendrán que realizar un fuerte ajuste ... para sobrevivir. «La primera fase de la crisis exigía una respuesta contundente, pero ha llegado el momento de ser más selectivo. Hay que mantener las ayudas y también permitir a la economía que haga sus ajustes estructurales. No tiene sentido que mantengamos sectores o empresas zombis durante mucho tiempo», decía entonces el gobernador. Catorce meses después, seguimos inmersos en el debate sobre una nueva prórroga de los ERTE , mecanismo de protección del empleo al que a finales de agosto se acogían todavía 272.190 personas, 84.000 a tiempo parcial.
Sin tener ninguna duda de la utilidad de este instrumento para proteger en momentos puntuales a trabajadores y empresas, como se ha demostrado a lo largo de este año y medio, en el que más de 3,6 millones de empleados se han acogido en algún momento a este mecanismo, llegados a este punto, se debería ser mucho más cauteloso en la inversión del dinero público . Hasta la fecha se han destinado 40.000 millones de euros a financiar los ERTE, más de 21.000 procedentes de fondos europeos. Y si en los primeros momentos no tenía sentido poner trabas o exigir excesivos requisitos para acogerse a ellos, ha llegado el momento de empezar a analizar más detenidamente la viabilidad de las empresas que se están acogiendo a los mismos , y quizás buscar alternativas. En el caso de que las compañías tengan escasas posibilidades de ser viables, al menos en las mismas proporciones que antes de la crisis, se debería suprimir esa prohibición de despedir para no alargar artificialmente la vida de las mismas, y permitir que se reestructuren. Además hay que controlar que ni empleados ni empresas usen de manera fraudulenta este instrumento.
Desde el Ministerio de la Seguridad Social se ha planteado la necesidad de ligar los nuevos expedientes a planes de formación. Y es una buena idea, pero para haberse implantado hace un año . Si estamos hablando de una prórroga de cuatro meses, que es lo que empresarios y sindicatos están negociando con el Ejecutivo, poco sentido tiene porque no hay tiempo material para implantarlos. También se habla de incentivar a las empresas para que contraten trabajadores que ahora están en ERTE en otra compañía. Es una opción. No tiene sentido que haya empresas que no encuentran mano de obra mientras, incluso en el mismo sector, hay otras con trabajadores cobrando por suspensiones temporales de empleo.
Entiendo que el Gobierno intente preservar el máximo número de empleos posibles y que con empresarios y sindicatos busquen alternativas para que ese paro temporal no se convierta en definitivo pero, insisto, no puede ser a costa de miles y miles de millones de euros públicos destinados a alargar la agonía de empresas sin futuro . Lo que no es de recibo, de cualquier modo, es el plantón que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , ha dado a los agentes sociales en las dos últimas reuniones a menos de una semana de que caduque el sistema actual. Probablemente la prórroga automática no es la solución, pero unos y otros deberían sentarse en la mesa y no levantarse hasta que encuentren una alternativa y una forma de ayudar a los miles de trabajadores, empresas y autónomos que se han visto vapuleados por la crisis y que todavía no están al 100% de su actividad, la mayoría en el sector turístico.