Valerio confirma que las bases máximas subirán un 7% en 2019

El Ejecutivo hará recaer así parte de las subidas fiscales en los impuestos al empleo que pagan la empresas, hoy 6,6 puntos porcentuales mayores que la media de la UE. Las cotizaciones sociales representan hoy en España el 24% del total de impuestos a las empresas frente al 17% que supone en Alemania o el 10% en Irlanda, lo que hace de la subida que viene un nuevo obstáculo para la actividad en un momento en el que los principales indicadores avisan de una desaceleración económica. Patronal y sindicatos discrepan de la recaudación que supondrá esta subida del 7% en la base máxima de cotización y mientras CC.OO. la cifró en 700 millones , la CEOE la ha situado en unos 1.500 millones.

Valerio se refirió a las críticas que alertan de la destrucción de empleo por la subida del salario mínimo hasta los 900 euros mensuales. «Nos tenemos que poner en lo mejor, no en lo peor», apuntó. Argumentó que el alza combatírá la «pobreza laboral», aumentará la capacidad de consumo y además supondrá más ingresos para la Seguridad Social.

La titular de Trabajo avanzó también que el Gobierno ha dispuesto una partida presupuestaria de 350 millones que capacitará a los agentes sociales para impartir cursos de formación y que será aprobada antes de que finalice 2018. Durante su comparecencia afirmó que la ley de formación aprobada por el anterior gobierno «no está sirviendo» y que está teniendo efectos nocivos, entre ellos la falta de convocatorias para planes de formación a ocupados.

Adelantó que para «paliar» los efectos de esta falta de oferta formativa se aprobará una orden ministerial que incluirá acciones de formación estatal para ocupados a partir de las necesidades detectadas por las estructuras sectoriales paritarias.

Valerio señaló que la falta de convocatoria de planes de formación para trabajadores ha supuesto la quiebra de centros regionales, que ha aumentado la brecha en formación entre los territorios y propiciando una falta de seguridad jurídica para el sector. Para justificar sus palabras recalcó que los agentes sociales expusieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la necesidad de modificar una ley que no esta funcionando.

La ministra aprovechó para desmentir que el Gobierno haya firmado con los sindicatos cambios de la reforma laboral a espaldas de la CEOE y reafirmó su intención de controlar la jornada de los trabajadores para evitar los abusos. «Antes eran los empresarios los que pedían el control de horarios y ahora son los trabajadores y los sindicatos quien lo piden», dijo Valerio.