Urge acabar con los falsos autónomos

¿Qué es un falso autónomo? Son trabajadores inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, a pesar de que trabajan para una única empresa y están sujetos a sus políticas de retribución, horarios, directrices y rutinas. Facturan su trabajo a esa empresa y pagan sus propias cuotas sociales como si fueran trabajadores por cuenta propia. En la mayoría de los casos, la empresa exige que se registren fraudulentamente como autónomos para así ahorrarse las cotizaciones a la Seguridad Social. Es una nueva fórmula para rebajar los costes laborales en España a costa del trabajador.

Aunque tiene grandes ventajas económicas para la empresa, la práctica cada vez más extendida de imponer la «autonomía» a los nuevos empleados es muy costosa para el trabajador, que en muchos casos es un joven. El falso autónomo se da de alta y paga una cuota mensual mínima de 286,15 euros. (En el primer año se reduce a una tarifa plana de 60 euros.) Estas personas no tienen derecho a paro, ni a baja laboral por enfermedad, ni vacaciones. Tampoco pueden exigir prenotificación o indemnización por despido. Aunque el gobierno asegura que el número de falsos autónomos se ha reducido, la Unión de Autónomos UATE cifra su número en 225.000 en España, y estima que cuestan a la Seguridad Social unos 592 millones de euros al año.

¿Cómo puede defenderse una persona que se encuentra en situación de falso autónomo? En teoría el trabajador puede denunciar su situación, y el Gobierno, que manifiesta querer acabar con esta fórmula fraudulenta de trabajo, ha hecho cientos de inspecciones para detectar casos e imponer sanciones. Sin embargo, a menudo no hay alternativa real, sobre todo en el momento actual, y el joven tiene que elegir entre ser falso autónomo o perder su trabajo.

La práctica de los falsos autónomos no es un producto de la crisis del Covid. Su uso se extendió en años de relativa bonanza, como una forma de reducir costes y ayudar a las empresas a competir en la zona del euro y en un mundo globalizado. Pero en realidad, los costes elevados ligados a la contratación de trabajadores simplemente se han trasladado a la parte más débil y con menos capacidad para soportarlos, el trabajador.

La culpa, sin embargo, no es solo de las empresas. La fiscalidad que el Estado español impone sobre personas, pymes y autónomos en España es alta. Por ejemplo, la cuota de autónomos que se paga en España, sean falsos o reales, es la más alta de los países de su entorno. En Italia, Francia, Portugal y el Reino Unido, los autónomos tributan según sus ganancias, sin una cuota fija; y en Alemania la cuota es más baja (140 euros) y se aplica sólo si se ingresan más de 1.700 euros.

En un país donde el desempleo es crónicamente alto, parte de la solución debería ser reducir las cargas impositivas sobre el trabajo. ¿Cómo se podrían reducir estas cargas? Haría falta un gasto público más eficiente, y un sistema impositivo más racional, que gravara más otras actividades y menos el trabajo. Esto ayudaría a las empresas a contratar a menor coste, y quizás reduciría la presión para buscar fórmulas como el falso autónomo. Para ayudar a los jóvenes en concreto, el Estado tendría que subvencionar su contratación para facilitar su entrada al mercado laboral, para que puedan iniciar una vida económica de la que todo el país depende. La disminución del paro probablemente compensaría la caída de ingresos al aumentar la recaudación por incremento de actividad.

Evidentemente, el país con más paro de la UE no puede tener las cargas fiscales sobre el trabajo más elevadas de su entorno. Y tampoco puede permitir que las empresas trasladen al trabajador una parte creciente de esas cargas.