Unas 130.000 empresas españolas están en quiebra y en riesgo de presentar concurso de acreedores

En el mencionado análisis también se concluye que más de 700.000 pequeñas y medianas empresas -el 26% del tejido productivo- arrastran problemas de liquidez como consecuencia de las restricciones a la actividad y de la gestión económica de la pandemia. En base al estudio de los gestores administrativos, este 26% de las pymes tienen dificultades para cuadrar su cuentas y el 8% del total de compañías presentan impagos ante la Seguridad Social y Hacienda. Por otro lado, un 14% de empresas encuentran problemas para pagar los alquileres, mientras que un 27% de los negocios sufren a clientes morosos. El 13% de las pequeñas y medianas compañías no están pagando sus deudas a sus acreedores y, además, un 10% del total están en mora con las entidades financieras.

Si analizamos los datos de solvencia, del barómetro también se desprende que el 32% de las pymes con sede en España registraron pérdidas a 30 de junio de 2021 . Ante este escenario, los gestores administrativos concluyen que solo el 23% de los negocios están en una coyuntura igual o mejor que antes de la pandemia. «La situación no va a mejorar si no se apoya a las pymes y a los autónomos, con medidas claras, urgentes y contundentes. Se agradecen las prórrogas y las moratorias, pero hay que acabar ya con la respiración asistida y conceder las ayudas definitivas que permitan a los negocios salir de la situación», asegura el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago.

«Si estos datos son, de por sí, muy graves, lo que más nos preocupa es que un 18% de las pymes, más de 500.000, podrían estar planteándose de forma muy seria autoexcluirse del sistema y trabajar en la economía sumergida », añade Santiago.

La situación económica actual y las nuevas medidas puestas en marcha por el Ejecutivo también son un obstáculo para la recuperación. Los resultados del informe indican que unas 140.000 pymes se verán obligadas a despedir a algún empleado como consecuencia de la recientemente aprobada subida del salario mínimo interprofesional. Por otro lado, el 42% de los negocios se están viendo muy perjudicados por la subida del precio de la energía y de la electricidad . Por ello, los gestores concluyen que el 65% de las pymes sufriendo de forma grave o muy grave las subidas de la energía, inflación, salario mínimo y materias primas.

Ante esta coyuntura, el 41% de las pequeñas y medianas empresas aseguran precisar de ayudas directas, pero un 29% del total no han podido pedirlas por encontrarse dentro de algunas de las restricciones fijadas en la normativa aprobada en origen por el Gobierno. El presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos indica que todo este período sin ingresos ha tenido que cubrirlo la empresa o el autónomo recurriendo a incrementar el endeudamiento o agotando sus ahorros. «Los ingresos todavía no están al mismo nivel que antes de la pandemia, por lo que la brecha aun no se ha cerrado para muchas empresas«, añade Santiago. Al mismo tiempo, Santiago avisa de que «a muchos negocios les va a resultar muy difícil volver a ser rentables en esta situación, por lo que precisan de ayudas que alivien la pérdida de ingresos de estos 18 meses de pandemia».

Por otro lado, los gestores critican que otras ayudas, las derivadas de los fondos europeos Next Generation, también están mal diseñadas ya que están más pensadas para grandes compañías que para pymes. Por ello, avisan de que los pequeños empresarios y los autónomos no van a solicitar fondos europeos, como tampoco han solicitado ayudas directas. «Prefieren sufrir con las pérdidas que tener en la nuca al Estado con sus inspecciones», apostilla Santiago. Según un sondeo anterior realizado por los Gestores Administrativos, solo el 14% de las pymes tienen intención de pedir este dinero.

«El Gobierno nos presenta, con euforia, unas cifras de empleo y de afiliación a la seguridad social sin contarnos nada sobre el elevado crecimiento del empleo público y sin contar con las casi 500.000 personas en ERTE o en cese de actividad que, dieciocho meses después de comenzada la crisis sanitaria, no han conseguido aun reincorporarse al mercado de trabajo», sentencia Santiago.