La tormenta perfecta del campo español: del Salario Mínimo a unos bajos precios en origen

Todo lo anterior ha levantado a los agricultores y ganaderos españoles, que han puesto en marcha un caledario de movilizaciones por toda España bajo el lema «En defensa de su futuro» y «#AgricultoresAlLimite» , que comenzó el pasado martes y que se prolongarán hasta mediados de febrero con protestas en Andalucía, Castilla y León, Murcia o Madrid. «Las cosas están calientes y nos hemos visto abocados a la convocatoria de manifestaciones en toda España para llamar la atención», ha comentado Ramos (UPA) en conversación con ABC.

Está en boca de los portavoces del sector, con casos muy relevantes como el del aceite de oliva -del que viven unas 250.000 familias y que ha registrado una caída de entre el 25 y el 30% en el último año-, que se dispara al 50% si se toma como referencia el año 2018.

En su punto de mira la distribución, especialmente los supermecados, a quien Ramos ha criticado que usen como «productos reclamo o gancho» al aceite o la leche mientras ellos se ven obligado a vender por debajo de coste. En este sentido, denuncia que algunos distribuidores imponen condiciones y precios en actividades como el de las frutas y hortalizas. «No hay contratos y, si los hay, son ficticios: nadie paga a 30 días», ha concluido.

La decisión de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros mensuales puede tener efectos contraproducentes e incrementar los costes de producción de agricultores y ganaderos en un contexto en que la mayoría de las explotaciones agrícolas son profesionales y necesitan contratar personal , aunque sea de forma puntual.

Desde COAG, su responsable de Relaciones Laborales, Eduardo López, ha estimado que la última subida del SMI representa un incremento del 42,9% en los costes laborales respecto a 2018. Es decir, de 967 euros mensuales - 778 euros al mes de salario, según el convenio vigente en Almería, más la Seguridad Social - a 1.383 euros/mes. A ello se le suma un tipo de cotización que ha pasado del 18% al 26% a partir de este año.

Todo ello en un contexto en el que la renta agraria cayó un 8,6% en 2019 y en el que cualquier alza en los costes de producción «no se pueden repercutir en los precios», según López quien reconoce que la situación se vuelve «insostenible» para el agricultor.

La imposición de aranceles del 25% por parte de la Administración Trump -con el permiso de la Organización Mundial del Comercio (OMC)- a la importación de productos agroalimentarios españoles como el aceite, el queso o el vino por un montante de 764 millones de euros , no solo ha indignado al sector sino que agricultores y ganaderos se sienten víctimas de un conflicto ajeno originado en la actividad aeronáutica.

Vigentes desde octubre de 2019, su impacto comienza a hacer mella en las cuentas de resultados de las empresas exportadores . Patronales como las del vino exigen medidas a Bruselas y al Ejecutivo español. En concreto, desde la Federación Española del Vino (FEV) se calcula el impacto en una caída de las ventas de entre un 35% y un 50% si esto se mantienen medio año.

El sector también ha lamentado los «ataques» -en palabras del secretario general de UPA- a la imagen del sector por parte de colectivos ecologistas y animalistas, que lo consideran una actividad poco sostenible al usar determinados productos fitosanitarios. En este sentido, el ministro de Agricultura Luis Planas ha salido en defensa de la actividad ganadera y agrícola para apostar por «recuperar la reputación» de estos colectivos. Además de reivindicar su papel en la fijación de la población y la lucha contra la despoblación en la «España vaciada».

El melón de la Política Agrícola Común (PAC) esta de nuevo abierto en canal. En juego una dotación presupuestaria superior a los 400.000 millones de euros, prevista para el periodo de 2014 - 2020 y cuya negociación para el intervalo de 2021- 2027 genera no pocas inquietudes por la salida de Reino Unido y la tentación de reducir los fondos destinados a esta política eminentemente comunitaria.

Desde organizaciones como COAG, su responsable de Relaciones Laborales Eduardo López, ha denunciado la competencia desleal de algunos productos provenientes de países extracomunitarios y no duda en tachar de «política de desregulación» la situación actual. Entre los casos repetidamente denunciados, los cítricos de sudafricanos, la miel de China o el tomate marroquí.