Los agricultores claman contra el trato de favor otorgado a Marruecos

Hace unos días, el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rasff) publicó una alerta sanitaria europea, al detectarse unos lotes de tomate tratados con procimidona, un fungicida cuyo uso está prohibido desde hace años en el cultivo del tomate en suelo comunitario.

Las asociaciones agrícolas se quejan de la clara discriminación que tienen que soportar los agricultores comunitarios frente a los de terceros países, que no están sometidos a la legislación comunitaria. Concretamente, la Federación Española de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) considera imprescindible que se incorpore al Acuerdo de Asociación firmado entre la UE y Marruecos la obligatoriedad cumplir la normativa de la UE en materia de fitosanitarios. Para Fepex, es necesario que se aplique el concepto de reciprocidad respecto a a las condiciones de producción de terceros países, «en cuanto a los aspectos fitosanitarios, medioambientales y sociales, siendo imprescindible incluir esta cuestión en el acuerdo con marruecos». Aseguran desde esta organización que, de lo contrario, supondrá «una discriminación para los productores españoles» en el mercado comunitario.

Desde la organización Proexport se insta a las autoridades comunitarias a redoblar «los controles en los puntos de entrada, asegura su presidente Juan Martín Bravo, quien criticó la posición de desventaja a la que se enfrentan «los productores comunitarios frente a sus homólogos extracomunitarios que sí pueden utilizar ciertas sustancias para producir sus frutas y hortalizas, comercializando después estos productos en la UE».

En este mismo sentido, desde Asaja se critica que en Bruselas se alaben este tipo de acuerdos de liberalización que conllevan unos beneficios globales para las economías de ambas partes, como defendía recientemente el comisario europeo de Comercio Karel de Gucht, en Comité Económico y Social de Bruselas.

A juicio de la Asociación de jóvenes Agricultores, en muchas ocasiones estos acuerdos suponen un impacto negativo para rentabilidad de los agricultores europeos, en general, y españoles en particular, el empleo y el medio ambiente, además de para el conjunto de los consumidores comunitarios, que se encuentran con unos productos «muy alejados de los estándares de calidad y seguridad alimentaria» exigidos en la Unión.

Incoherencia

«La UE muestra una incoherencia casi pornográfica —asegura Pedro narro, delegado de Asaja en Bruselas— al apostar por un modelo agrícola comunitario basado en altos estándares de producción y, al mismo tiempo, facilitar a través de acuerdos como el de Marruecos, la la importación a la UE de productos agrícolas alejados de nuestros criterios de producción».

Narro sugiere que el Ejecutivo de Bruselas debería reflexionar sobre algunos de los acontecimientos recientes como las partidas de tomate marroquí tratadas con productos fitosanitarios prohibidos detectadas en superficies comerciales de Suecia o los acontecimientos que se han vivido en Egipto, un país que tiene su comercio agrícola liberalizado con la Unión Europea y que ha vivido una revolución en la que, además de su desacuerdo político al régimen de Mubarak ha coincidido con con subidas brutales de algunos alimentos básicos para la población.

Añade que, en realidad, los grandes beneficiados de estos acuerdos no son los agricultores marroquíes, sino «grandes multinacionales y países como Abu Dabi, que compran cientos de miles de hectáreas de terreno marroquí para producir con muy bajos costes y exportar a los mercados comunitarios, beneficiándose así de la liberalización comercial con la UE».