Los tirones de orejas del FMI al Gobierno en el primer año de Sánchez e Iglesias

Ante el alza del IVA que quiere aprobar el Gobierno a las bebidas azucaradas y el incremento del impuesto al diésel, a plásticos de un solo uso o a residuos señala que «no es el momento», ya que haría especial daño a las rentas bajas en plena crisis. «Medidas que tengan un efecto desproporcionado sobre las rentas bajas para elevar la recaudación de IVA o subir los impuestos medioambientales deberían esperar hasta que la recuperación sea firme y venga acompañada de gasto focalizado en proteger a los más vulnerables», señala el organismo dirigido por Kristalina Georgieva.

La jefa de la misión del FMI en España, la alemana Andrea Schaechter, confirmó en un encuentro ante medios que dichas subidas son especialmente dañinas para los más vulnerables. Por ello, cree que es mejor aplazarlas, al menos al siguiente año, 2022, ya que para entonces estima que la economía estará más fortalecida.

Precisamente, el FMI hizo su última visita a nuestro país el 29 de septiembre para intercambiar información con las autoridades de cara a elaborar el informe que ayer publicó. Entonces, PSOE y Podemos aún negociaban el borrador de Presupuestos con medidas sobre la mesa como la subida del IVA a la sanidad y la educación privadas, un alza fiscal que no se descartó en el plan presupuestario enviado a Bruselas y que, finalmente, se quedó fuera del proyecto de Presupuestos, que sí incluyó el incremento al diésel y el incremento del IVA a las bebidas azucaradas del 10% al 21%.

En sus recomendaciones generales, curiosamente, el FMI sí ve con buenos ojos esta clase de medidas para que España aumente la recaudación de IVA, impuestos especiales y medioambientales, pero este no es el momento debido a la crisis.

Otras medidas que incluyen los Presupuestos, como la subida del IRPF del ahorro a las rentas altas o la tasa a los servicios digitales, sí son bien recibidas por el organismo para que entren ya en 2021, abundó Schaechter. Pese a ello, hace unos meses, la institución lamentó que España fuera a adoptar por su cuenta la llamada «tasa Google» en lugar de esperar a que hubiera un acuerdo internacional. El FMI cree que, a medio plazo, España debe elevar sus ingresos para converger con la media europea.

A lo largo de un detallado informe de 94 páginas, la institución también critica la subida para 2021 de las nóminas de funcionarios y pensionistas del 0,9%, que supondrá un gasto de más de 3.000 millones de euros el próximo año. «Compromisos para elevar de forma permanente determinados gastos, por ejemplo, a través de los gastos en retribuciones o pensiones, deben ser evitados dado el elevado déficit fiscal estructural y las presiones a largo plazo sobre el gasto en la población más mayor», concluye.

El FMI mantiene sus previsiones de que la economía caerá un 12,8% este año, que repuntará un 7,2% el que viene y que crecerá un 4,5% en 2022, si bien hasta 2023 no se habrá recuperado el nivel de PIB precrisis. Schaechter, aun así, apuntó que las estimaciones no incluyen el dato del tercer trimestre, por lo que cree que la recesión este año será menor a lo que preveían. Las diferencias, eso sí, apuntan al lado fiscal y a la recuperación de 2021, ya que asume que se dispararán el déficit público -al 14,1% del PIB este año, frente el 11,3% que pronostica el Ejecutivo- y la deuda -al 123% frente el 118% que augura Economía-. Como fuere, durante todo el año, el FMI ha rebajado las estimaciones de crecimiento de España por debajo de lo augurado por el Gobierno .

Y pide que el Gobierno gaste para asegurar que la actividad no cae más aún, pero focalizando esfuerzos en las personas y los sectores más vulnerables. Por ejemplo, ampliando los ERTE más allá del 31 de enero. Eso sí, el FMI no cree que los fondos europeos tengan el fuerte impacto que sí contabiliza el Gobierno, que estima un crecimiento del 9,8% el año que viene, 1,6 puntos más que el Fondo, que también incluye este efecto.

Ante este margen fiscal acotado, buena parte de las recomendaciones apuntan al mercado laboral. El FMI reclama flexibilizar el despido, aprobar un contrato único y la mochila austriaca -una especie de hucha en la que el trabajador guarda aportaciones de la empresa que se puede llevar si se cambia de compañía y que podrá usar en su jubilación y despido-.

Precisamente, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defiende este esquema y lo incluyó en 2018 dentro de su Agenda del Cambio con medidas a largo plazo. Pero Podemos se opone a esto , si bien, por error, votó a favor de que fuera una de las recetas para salir de la crisis en la Comisión para la Reconstrucción .

También choca en la reforma de las pensiones, ya que el FMI recela de la marcha atrás de la reforma de 2013, al haber aparcado el Factor de Sostenibilidad –que reducía la pensión inicial para adecuarla a que esta se cobraría más años, al crecimiento económico y a los ingresos del sistema, previsto para 2019 pero aplazado hasta 2023– y el Índice de Revalorización –del 0,25% en época de vacas flacas y de 0,5 puntos por encima del IPC en vacas gordas–, que desde 2018 se ha suspendido.

El FMI apoya que la edad de jubilación real se aproxime a la efectiva. «Los incrementos de las pensiones no solo han mantenido el poder de compra sino que han ido más allá», ha señalado Schaechter, quien ha advertido de la presión para la sostenibilidad del sistema que supone la demora en la aplicación de algunas de las reformas que se habían contemplado.

Porque la crisis, apunta el FMI, perjudicará sobre todo a los trabajadores temporales, por lo que reclama medidas para reducir la eventualidad en España -la mayor de la UE- que perjudica sobremanera a los jóvenes. En este sentido, si bien valora el Ingreso Mínimo Vital, propone añadirle un complemento salarial que ayude a los empleados con salarios bajos, similar a lo propuesto por Ciudadanos.

«Estos programas suelen ser más eficientes que depender del salario mínimo en abordar la pobreza y la desigualdad de ingresos, porque se dirigen directamente a los trabajadores de bajos ingresos y estimulan su participación en la fuerza laboral», desgrana el organismo.

Junto a ello, en un documento aparte, la institución realiza una evaluación de la reforma laboral de 2012 y de la subida del salario mínimo de 2017, ambas bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. El Fondo llega a la conclusión de que la reforma ayudó a reducir la desigualdad gracias a la creación de empleo, además de reducir notablemente el riesgo de pobreza, aunque aumentó los contratos parciales. Pero la valoración que hace el FMI de la medida es positiva. Todo un recado al Gobierno ante sus planes de derogarla.

Asimismo, evalúa el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 8% en 2017, ya que cuenta con datos pormenorizados y desagregados que le permiten hacer un perfilado de a quién perjudicó este alza. Según el organismo, la medida elevó la probabilidad de perder el trabajo, sobre todo, en trabajadores que estuvieran en el salario mínimo y que tuvieran más de 37 años, con una antigüedad de entre nueve meses y seis años, además de los jóvenes de comunidades con salarios más bajos como Canarias o Extremadura. Unos resultados que llegan precisamente en un momento en el que el Gobierno quiere volver a subir el SMI, a 1.000 euros para 2021, tal como avanzó este periódico, sin antes evaluar qué impacto tuvieron los anteriores incrementos.