El sector agrícola sale airoso al rebajar la UE sus exigencias en materia de pesticidas

Según el dictamen de la Eurocámara se prohibirá en la fabricación de pesticidas el empleo de sustancias químicas «muy tóxicas» para la salud y el medio ambiente, en especial aquellas que sean cancerígenas, mutagénicas o afecten a la reproducción. Los países de la UE tendrán entre un año y medio y dos años para aplicar la nueva normativa.

Los Estados concederán asimismo autorizaciones nacionales a los fitosanitarios cuyos componentes queden excluidos. La normativa prohíbe también numerosos disruptores endocrinos (entre los que se encuentran los insecticidas, muy empleados en la agricultura mediterránea). En cuanto a aquellas sustancias neurotóxicas o inmunotóxicas se establecerán estándares más elevados de seguridad. De este modo, los pesticidas que contentan sustancias peligrosas tendrán que ser sustituidos por alternativas más seguras. Para estos casos, se establece un plazo de tres años.

Moratoria extra de cinco años

Sin embargo, para aquellos productos que aun no cumpliendo los mencionados criterios sean imprescindibles para combatir el riesgo en la salud de una planta, el Parlamento ha establecido una moratoria de 5 años.

Los países podrán conceder licencias para pesticidas a escala nacional o reconocer los productos aprobados en otros Estados. La UE estará dividida en tres áreas geográficas —norte, centro y sur—, dentro de los cuales el reconocimiento será mutuo. Este mecanismo facilitará la aprobación de pesticidas en otros países. Con todo, un Estado miembro podrá prohibir a título individual un determinado producto alegando circunstancias medioambientales o agrícolas específicas.

Luces, pero también sombras

Aunque esta reforma arroja más luces que sombras, existen algunos aspectos preocupantes para los productores agrícolas, en especial para los del sur. El director general de la Asociación Empresarial para la protección de las plantas (Aepla), Carlos Palomar, asegura que habrá que estar atento a la «letra pequeña» que hace referencia a la articulación de la normativa comunitaria. «Aunque el espíritu de la directiva sea aceptable si no hay consenso en la negociación política sobre los aspectos científicos, sería lamentable que por la burocracia se colapsase el sistema y se asumiera finalmente la decisión inicial».

El texto aprobado no establece qué productos son compatibles con la normativa hasta que sean evaluados. De este modo, hasta que no se conozcan las sustancias prohibidas no se podrá trabajar en una alternativa. La investigación y creación de nuevos plaguicidas, además de sumamente costosa, puede durar años, por lo que un proyecto así no se puede improvisar a la ligera, asegura el director general de Syngenta Agro, Sergio Dedominici.

Reacciones de todo tipo

Las reacciones a este texto han sido de lo más dispares. Mientras Greenpeace rechazó el acuerdo, ya que asegura que los ciudadanos y el medio ambiente «quedan expuestos» a numerosas sustancias dañinas, los agricultores europeos han recibido la noticia con sentimiento mitigado, aunque con cautela.

Desde Asaja se alerta de que esta norma puede poner en entredicho la competitividad de muchas producciones mediterráneas, «las más perjudicadas», frente a las importaciones de países terceros.

Otras organizaciones como Cooperativas Agrarias o la Unión se muestran preocupadas por la disminución de alternativas y por el futuro inmediato del sector tras el posterior desarrollo de las normas. Finalmente, COAG, que calificó de «grave irresponsabilidad» la limitación en el uso de fitosanitarios, y UPA piden una moratoria mayor para disponer de otras sustancias similares.