Sánchez fía la salida de la crisis a un plan de subvenciones sin más rebajas de impuestos

El presidente del Gobierno se ve forzado a tratar de aliviar a empresas y consumidores el alza de los costes energéticos, que permanecen disparados. El resultado: una batería de medidas -cuantificadas en 16.000 millones de euros- sin demasiada concreción anunciadas en el evento 'Generación de Oportunidades', organizado por Europa Press y McKinsey, y que se extenderían, como normal general, entre el 1 de abril y el 30 de junio.

El Ejecutivo ha trufado su plan de choque de viejas y nuevas medidas, cada vez con mayor intervencionismo sobre el sector privado.

Habrá una bonificación de mínimo 20 céntimos por cada litro de carburante para todos los consumidores (15 cts. a cargo del Estado y 5 cts. de las petroleras). Pero aún deben de explicar el mecanismo que utilizarán. Con ello, llenar el depósito de un vehículo puede suponer un ahorro de más de 10 euros.

Aunque es una de las medidas más urgentes y reclamadas desde los pequeños consumidores hasta las industrias, es la que más tiempo va a tardar en entrar en vigor, ya que debe contar con la aprobación de Bruselas. Se limitará el precio del gas -sobre los 60 euros el MWh- que se utilice para generar la electricidad que se destine a la tarifa regulada o pvpc. La diferencia con el precio real del gas deberá ser compensada, para lo que el Gobierno utilizará diversas partidas incluidas en el sistema eléctrico. Como los 1.800 millones que se ahorrará al revisar este año -un año antes de lo previsto- las retribuciones de las renovables. El Ejecutivo aún trabaja en estas medidas, dada su complejidad técnica y legal.

Sánchez anunció ayer, sin dar explicaciones, que 600.000 familias más accederán al bono social eléctrico , por lo que los beneficiarios sumarían 1,9 millones. El bono social es un descuento que se realiza sobre la tarifa regulada a distintos colectivos (pensionistas, rentas bajas, familias en riesgo de exclusión, etc.) y cuyo gasto es asumido por las propias compañías eléctricas. Se espera que los requisitos para acceder a él sean, desde ahora, más laxos y, además, se simplifiquen los trámites burocráticos.

Ni rastro de nuevas bajadas de impuestos. Solo prórroga de las ya en vigor desde el año pasado para rebajar la factura de la luz. Se extiende el tipo del IVA al 10% para pequeños consumidores, el impuesto especial a la electricidad al 0,5%, así como la suspensión del impuesto a la generación eléctrica. Según avanzó el Gobierno -aunque con algún indicador incompleto-, la merma de ingresos de estas medidas para las arcas públicas ascendió a unos 1.600 millones en 2021, aunque falta por contabilizar un trimestre de la suspensión del impuesto a la generación eléctrica.

Entre las medidas con mayor intervencionismo está que no podrán revisarse los precios de los alquileres por encima del 2%, para evitar que se vinculen las rentas a la inflación. La asociación de propietarios Asval denunció ayer que es un límite «artificial» y avisan de que lo apropiado sería referenciarlo a la inflación subyacente. Asimismo, la organización señaló que esto solo genera «inseguridad jurídica» y que «medidas de este tipo, junto a la inseguridad jurídica, solo provocarán en el medio y largo plazo una limitación y encarecimiento de la oferta de vivienda en alquiler».

Pondrán en marcha una nueva línea de avales del ICO para garantizar liquidez a las empresas: 10.000 millones en garantías públicas para nuevo crédito. El Gobierno, eso sí, solo pone el aval; la banca es la que pone la financiación. Sin embargo, esta medida copia a lo acometido durante el Covid. Entonces se aprobaron avales por 140.000 millones de euros, de los que faltan por gastar 36.200 millones de esas garantías y el Ejecutivo se afana ahora en publicitar nuevos avales. Además, se extenderá el plazo de vencimiento de los créditos ICO ya en vigor y de la carencia.

Sánchez anunció ayer también que el ingreso mínimo vital (IMV) subirá un 15% en los próximos tres meses. Sin embargo, la gestión de esta ayuda ha defraudado a pie de calle desde su aprobación. Según el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, el IMV ha llegado a 824.441 personas, un 35,8% de las inicialmente previstas (2.300.000). En este documento se denuncia que el Ministerio de Inclusión no ha ejecutado mil millones de euros del presupuesto que existe para este subsidio, informa Susana Alcelay.

Entre las medidas con menor concreción están las ayudas de 362 millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería, y otro paquete de unos 68 millones para el pesquero. Para la industria intensiva en energía, 500 millones de euros para compensar los peajes en un 80%. Y un fondo de 450 millones para el transporte de mercancías y de pasajeros: 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por taxi, VTC o ambulancia.