Calviño y Díaz se enfrentan por el alcance de la prohibición de despedir por la guerra

Esta fue una de las medidas adelantadas hoy por el presidente del Gobierno para luchar contra el impacto del conflicto en Ucrania y al ser preguntada Calviño sobre la misma en la asamblea de ATA dejó claro que esta prohibición solo se aplicará a las empresas que reciban ayudas , «porque no pueden usar ese dinero para despedir». Esta opción es la previsiblemente incluirá el paquete de ayudas que aprobará el Consejo de Ministros después de una dura batalla entre las vicepresidentas.

La idea de Yolanda Díaz era reproducir la prohibición del despido objetivo que fue aprobada al comienzo de la pandemia en 2020 y que generó una fuerte oposición de los empresarios, que acusaron al Gobierno de restringir la libertad de empresa , y también un fuerte conflicto en los tribunales. Durante los años de Covid los jueces han discrepado sobre si estas extinciones debían ser condideradas improcedentes (33 días por año trabajado y dos anualidades frente a los 20 del procedente y una anualidad) o incluso nulas (readmisión del trabajador) en lugar de objetivas.

Las empresas contienen el aliento hasta a ver sobre el papel las condiciones en las que se podrá despedir en España. El presidente de ATA y vicepresidenta de la CEOE, Lorenzo Amor, expresaba el malestar de los empresarios por no haber sido consultados y recordaba al Gobierno, como lo hiciera la patronal en 2020, que prohibir los despidos va «contra la libertad de empresa.

A lo largo del día las condicionantes sobre cómo deberá despedirse en los próximos tres meses fueron matizándose. En su intervención, el presidente solo esbozaba que el plan de choque de su Gobierno incluiría medidas de protección del empleo, «evitando el despido». Poco después la ministra de Trabajo afinaba y aludía a que el Ejecutivo estaba lanzando un «mandato claro». «No tenemos que despedir a nadie, hay que ir a un ERTE y, en caso de que se haga mal uso del mismo, las empresas que acudan tendrán que devolver las ayudas públicas recibidas y, por supuesto, no podrán despedir a las personas trabajadoras que acudan a este mecanismo». «Blindaremos una vez más el empleo, aplicando los ERTE y prohibiendo el despido, para proteger el tejido productivo, los salarios y a las familias», puntualizaba posteriormente Díaz en las redes sociales.

En lo que coinciden ambas es en el papel que deben jugar los nuevos ERTE que recogió la reforma laboral en esta crisis y que entrarán en vigor a partir de abril como una fórmula permanente para dar respuesta a crisis estructurales. La idea es ofrecer herramientas administrativas a las empresas para que conviertan el despido en la última de las opciones.

Con las diferencias sobre el despido las dos vicepresidentas vuelven así a enfrentarse por cuestiones de política económica en una nueva batalla que evidencia dos formas de entender la economía y las relaciones laborales. Sus choques han sido sonoros en asuntos de calado como la subida del salario mínimo o más recientemente a cuenta de la reforma laboral, donde las posiciones de ambas han estado muy alejadas en asuntos como la temporalidad, materia en la que finalmente la vicepresidenta económica terminó imponiendo sus criterios.