Sánchez carga la fiesta del gasto en las espaldas de la clase media

Autónomos, pymes y familias serán algo más pobres el próximo año si prosperan las cuentas públicas tal y como han sido diseñadas. En ellas aparecen facturas con montantes de gasto históricos, por ejemplo, en pensiones, que se llevarán casi el 40% del Presupuesto del Estado . El montante ascenderá a 171.000 millones, partida en la que se contempla un alza superior al 2% en las nóminas y del 3% para las mínimas. Un 2% aumentará también el sueldo de los empleados públicos, convite al que se ha sumado el presidente Sánchez y sus ministros.

Habrá más gasto para jubilados, para funcionarios y también para jóvenes, que disfrutarán de un bono cultural si cumplen 18 años en el ejercicio, y de un cheque de 250 euros mensuales si quieren emanciparse, tienen hasta 35 años e ingresan menos de 23.725 euros anuales.

Pero la ministra Montero ha sido rotunda y cree que el rumbo de la economía española será tan sólido que «aumentarán las rentas de las familias, los beneficios empresariales y el consumo». A la espera de que este futurible se haga realidad, las cuentas comienzan su andadura parlamentaria cargadas de guiños electorales y con un ramillete de subidas de impuestos que son solo un aperitivo del gran hachazo fiscal prometido a Bruselas para 2023.

Lejos de fomentar el ahorro para la jubilación en un momento en el que la sostenibilidad del sistema de pensiones no está asegurada, se asesta un golpe casi mortal a los planes privados de pensiones por considerarlos «regresivos». El límite de aportaciones se redujo el año pasado de 8.000 a 2.000 euros anuales y se vuelve a para el próximo a 1.500 euros anuales, lo que perjudicará a 1,2 millones de trabajadores, según Inverco. Por el contrario, las aportaciones a los planes de empresa pasan de 8.000 euros a 8.500 euros, en línea con la estrategia del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , que busca fomentar el ahorro colectivo como fórmula para compensar pensiones futuras más bajas.

Familias, autónomos y trabajadores de pymes se verán afectados de lleno por el recorte. Muchos han confiado sus ahorros a una fórmula que va camino de desaparecer, en contra de lo que reclama el Pacto de Toledo. Escrivá ya ha avisado: «La industria financiera deberá desplazar su oferta hacia los planes colectivos». De nuevo, se acota la capacidad de ahorro en fases de recuperación y se mantiene a España como uno de los países con menos incentivos al ahorro, según avisó la OCDE y uno de los últimos informes el Instituto de Estudios Económicos.

Además de verse afectados de lleno por el recorte de aportaciones a los planes de pensiones, los autónomos sufrirán un nuevo agujero en el bolsillo en 2022. Sus aportaciones a la Seguridad Social aumentarán entre 96 y 225 euros anuales. La base máxima de cotización quedará para el colectivo en 4.139,40 euros y la mínima en 960,60 euros. Este crecimiento se traducirá en 60 euros más al año para los autónomos individuales y 76 euros para los societarios. También se producirá un cambio en los tipos de cotización, que pasarán del 30,3% actual al 30,6%, lo que supondrá un incremento en la cuota de entre 36 euros y 149 euros anuales para los autónomos persona física y entre 44 y 149 euros para los societarios, según los cálculos de ATA . Es decir, que si se suman los aumentos, el de las bases y los tipos, el mordisco estará entre 96 euros y 225 euros anuales, dependiendo de si es autónomo persona física o societario, según la organización que dirige Amor .

Este será el último varapalo para un colectivo que está sufriendo mucho durante la pandemia, en la que ha tenido que hacer frente al pago de sus impuestos, pese a tener que bajar por decreto la persiana, y, más recientemente, encarar el revés que supuso la subida del salario mínimo hasta 965 euros. Un crecimiento que se aplica con carácter retroactivo al 1 de septiembre, con la oposición del mundo empresarial, y que es la antesala de un nuevo avance hasta mil euros en diciembre. La subida del SMI llevó también aparejado un crecimiento de las bases mínimas de cotización para el colectivo de entre tres y doce euros al mes, que se iba a girar en febrero pasado pero que se pospuso hasta que se subiera el salario mínimo tras un pacto entre el Seguridad Social y las organizaciones de autónomos.

El catastro está también en el radar de Hacienda. Esta semana el ministerio ha publicado los mapas que ayudarán a determinar los valores de referencia de los inmuebles en 2022, iniciativa detrás de la que se esconde un cambio que afecta a la base imponible sobre la que se calculan algunos impuestos como Transmisiones Patrimoniales, Patrimonio y Sucesiones y que esconde nuevas subidas, según denuncian los asesores fiscales.

El año próximo además será más caro comprarse un coche porque subirá el impuesto de matriculación desde enero por el fin de la moratoria aprobada por el Gobierno y las grandes empresas pagarán más en Sociedades. El tipo mínimo del impuesto se fija en el 15% para las empresas con facturación superior a 20 millones de euros. Las cuentas públicas también castigan a los grandes propietarios de vivienda reduciendo del 85% al 40% la bonificación fiscal para las entidades que se dedican al alquiler.

«Los objetivos que se persiguen con la reforma del sistema tributario español es hacerlo más equitativo, progresivo y justo». Es uno de los objetivos incluidos en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas, que deja la puerta abierta a una gran subida impositiva que permita sostener los gastos comprometidos y recortar el déficit estructural, cercano al 5%. No se detallan medidas concretas porque se espera al dictamen de la comisión de expertos, aunque Hacienda ha puesto ya la diana en algunas medidas como armonizar Patrimonio.