Manifestación de taxistas en Málaga
Manifestación de taxistas en Málaga - FRANCIS SILVA
A LAS COMUNIDADES

Las regiones gobernadas por el PP rechazan las competencias sobre Uber y Cabify

El sector del taxi asegura que se encuentra unido respecto a la medida, pero distintos representantes consideran que representa un «parche»

Un nuevo informe jurídico encargado por la patronal de las VTC señala que la medida es inconstitucional

MadridActualizado:

Todos a una. Es el lema que ha adoptado el sector del taxi respecto al plan del Gobierno de ceder las competencias de los vehículos de turismo con conductor (VTC) a las comunidades autónomas. El gremio al completo se ha posicionado a favor de esta medida, que en principio se articulará en un real decreto-ley que aprobará el Ejecutivo el próximo viernes.

Este hecho, sin embargo, no ha evitado que existan voces críticas con esta iniciativa dentro del taxi. Sobre todo por el hecho de que el Gobierno no ha remitido todavía a las partes implicadas el borrador del real decreto-ley con el que habilitará las competencias de las regiones en esta materia. Fuentes internas de una gran asociación del sector consideran la solución planteada por el Ministerio de Fomento es un «parche» que no resuelve el conflicto actual e incluso se puede volver en contra de sus intereses.

Jesús Fernández, vicepresidente de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), niega que haya una fricción dentro del sector y señala que «los presidentes de todas las asociaciones» están «de acuerdo con la medida del Gobierno». Eso sí, reconoce que sí existen discrepancias «entre los asesores» de ciertas asociaciones. Con todo, parece claro que hasta que no se apruebe la nueva norma (previsiblemente este viernes) la posición pública del gremio será a favor de que las competencias de este tipo de licencias acaben en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Todavía queda por ver, sin embargo, el impacto real de estas medidas. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, transmitió a los representantes del sector en una reunión mantenida la semana pasada que la intención del departamento es establecer un marco temporal, de entre tres y cinco años, para que las regiones desarrollen distintos reglamento para condicionar la actividad de las VTC.

Tras ello, será el Estado el que podrá revocar los permisos que no cumplan todas estas condiciones en un plazo de dos años. Es decir, que la aplicación real del nuevo decreto tardará varios años en hacerse efectiva. No hay que olvidar tampoco que las elecciones municipales y autonómicas están a la vuelta de la esquina y se espera que muchas regiones esperen a que se celebren para tomar alguna decisión definitiva en este sentido.

La semana pasada, durante su visita a la feria ferroviaria InnoTrans, Ábalos reconoció que es posible que la nueva medida no recupere la proporción de 1 VTC por cada 30 taxis fijada por ley. Sin embargo, señaló que las VTC y el taxi son distintos medios de movilidad que se dan en el mismo ámbito urbano y por ello deben tener la misma fuente de regulación y estar regidos por idénticas administraciones.

Se trata de una visión apoyada por Podemos y rechazada por PP y Ciudadanos. Y es que el conflicto se ha politizado en los últimos meses, especialmente después de la irrupción de la formación morada en el mismo. Tanto es así que el partido liderado por Pablo Iglesias, además de defender a capa y espada el sector del taxi, protagonizó recientemente un cruce de declaraciones con Cabify (al que ha acusado de «elusión fiscal») que ha acabado en los tribunales.

Mientras, las regiones gobernadas por el Partido Popular se han levantado contra la cesión de las competencias a las comunidades autónomas.

Los consejeros de Transporte de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Murcia, Ceuta y Melilla se reunirán este próximo miércoles para fijar una postura común ante la publicación de esta nueva norma. Fuentes del PP apuntan que el planteamiento realizado por Ábalos pretende llegar «a la solución por la dispersión» y lamentan que el Gobierno no se haya reunido con estas regiones para transmitirles sus intenciones.

Inconstitucional

No solo existe una oposición política a la medida. El sector de las VTC ha advertido de que la forma en la que se pretende ceder a las regiones estas competencias es ilegal y conllevará el pago de indemnizaciones.

Distintos juristas han respaldado esta postura. El último en hacerlo ha sido Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, quien en un dictamen elaborado a instancias del despacho Gómez-Acebo & Pombo Abogados al que ha tenido acceso ABC apunta que «sería inconstitucional transferir por decreto-ley las competencias normativas sobre autorizaciones de VTC a las CCAA, en vez de aprobar una ley orgánica de delegación, pues no hay en sentido estricto ‘extraordinaria y urgente necesidad’ alguna, y porque la cuestión afecta al régimen de las CCAA. Debe frenarse ese abuso».

Además, García Roca, que formó parte del grupo de sabios elegidos por Pedro Sánchez para reformar la Constitución, señala que «deben recomendarse al legislador cautelas de transitoriedad en el cambio normativo, y respeto del principio de proporcionalidad en la distinción entre nuevas licencias de VTC y las antiguas, para no generar más daño». Asimismo, el jurista advierte de que «no cabría revocar sin expropiación y abono de compensaciones» las licencias anteriores a la nueva ley.