Los taxistas portugueses organizan una vigilia frente a la residencia del primer ministro

En la capital, además, han puesto en práctica otra medida de presión más: una vigilia reivindicativa frente a la residencia del primer ministro socialista, António Costa, en el Palacio de Sao Bento. Le reclaman directamente que los reciba y que les facilite una solución, puesto que no se conforman con la normativa aprobada.

De momento, la Federación Portuguesa del Taxi (FPT) solo se muestra satisfecha con la actuación del presidente de la República, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, quien «al menos ha hecho todo lo posible por desbloquear la situación».

Los concentrados en Oporto aguardan noticias desde Lisboa y, si el conflicto persiste, tienen previsto desplazarse a la capital con tal de presionar en favor de sus pretensiones. No quieren que se persone el ministro de Medio Ambiente porque consideran que “es parte del problema”.

El primer día de protesta se dio la circunstancia de que una delegación de taxistas españoles se desplazó a Lisboa para apoyar las reivindicaciones de sus colegas portugueses. Además, algunos profesionales se concentraron frente a la embajada de Portugal en Madrid con tal de exhibir su solidaridad.

Los conductores del sector convencional cortaron el tránsito en Lisboa (Plaza de Restauradores, Avenida da Liberdade, Avenida Fontes Pereira de Melo, Plaza del Duque de Saldanha, Avenida da República), Oporto (Avenida de Aliados) y Faro (Estrada Nacional). Igualmente, solicitaban que se declare «inconstitucional» la nueva ley aprobada y que se paralice su aplicación hasta que se pronuncie el Alto Tribunal

Un portavoz de la Federación Portuguesa del Taxi, Carlos Lemos, dijo que el cumplimiento de esta exigencia es «una condición básica para garantizar la paz social en las calles» . Una frase que fue interpretada como una cierta amenaza de que la beligerancia no pararía.

La regulación de la actividad de las cuatro plataformas electrónicas registradas al otro lado de la frontera (la norteamericana Uber, la española Cabify, la estonia Taxify y la francoalemana Chauffeur Privé) se halla detrás de todas estas jornadas de lucha.

La ley establece que un 5% del importe de cada trayecto ha de entregarse al Estado, mientras que los taxistas arremeten contra uno de los puntos más controvertidos: la inexistencia de contingentes, por lo que la flota de vehículos no está sujeta a topes.

La FPT ya avisó de que preveía ampliar las protestas ya que el núcleo duro no quiere bajar los brazos fácilmente. De momento, la asociación ya ha conseguido que varios partidos políticos acepten escucharlos , como los socialistas, el Bloco de Esquerda o el CDS (Centro Democrático y Social), aunque finalmente los comunistas se alzaron como los proclives a sus peticiones.

Lo que no parece que vayan a conseguir los conductores convencionales, únicos que se pueden beneficiar del transporte inmediato en la calle, es la d eclaración de «inconstitucionalidad» de la ley, algo que además haría que el asunto se enquistara durante años.