La reforma de las pensiones amenaza la «luna de miel» entre Gobierno y sindicatos

Cándido Méndez, secretario general de UGT, calificó de «polémica» la propuesta y aseguró que nace con una visión del Gobierno a corto plazo para «contentar» a los mercados financieros. Desde que Zapatero llegó a La Moncloa en 2004 es la primera vez que lanza una iniciativa contra la opinión de los sindicatos.

En el informe se recoge el incremento de la edad de jubilación legal de los 65 a los 67 años, «de forma paulatina y a partir de 2013», como adelantábamos ayer en estas páginas. Sin embargo, en el texto no se indica, como tuvo que aclarar al acabar el Consejo de Ministros la vicepresidenta Elena Salgado, que cada año se aumenta esa edad legal en dos meses, hasta 2025.

Prejubilaciones

En cuanto a las prejubilaciones, el informe también carece de datos y, para colmo, no coincide con las declaraciones realizadas ayer mismo por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Este dijo en Barcelona que «respeto que una empresa con beneficios prejubile a sus trabajadores, pero que lo pague ella». Sin embargo, en el documento se puede leer que hay que imponer a las empresas la cofinanciación de los sobrecostes producidos por la exclusión temprana del mercado laboral.

En este apartado, el Ejecutivo propone «incrementar paulatinamente y universalizarse de inmediato» la edad legal mínima para la prejubilación, que está ahora en los 52 años, hasta los 58 años, edad que tampoco figura en el documento.

Rentas vitalicias

Otra propuesta del Gobierno es la «conveniencia» de sustituir las rentas vitalicias de las pensiones de viudedad, cuando las convivencias familiares «han sido breves y no existen descendientes», por una indemnización en un único pago o una prestación temporal. El Ejecutivo basa esta reforma en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que dice que la pensión no es una garantía de ingresos, sino una compensación por ingresos que se pierden.

El documento también propone hacer incompatible la pensión de viudedad con cualquier nivel de ingresos, incluidas otras pensiones o prestaciones.

Orfandad

En cuanto a la pensión de orfandad, la propuesta es la de asignar un valor determinado de prestación al beneficiario con independencia de las unidades familiares en las que haya participado el causahabiente y de la relación familiar entre los progenitores.

Hay que subrayar que estos cambios en el sistema de pensiones no tendrán carácter retroactivo. Previamente, este documento del Gobierno tiene que ser debatido por la comisión del Pacto de Toledo del Congreso y por los agentes sociales «en el menor plazo de tiempo posible», según Salgado. Sin embargo, distintas fuentes coinciden en que esos trámites pueden durar meses e, incluso, varios años.

Otra reforma importante planteada por el Ejecutivo de forma inconcreta es la ampliación del periodo de cotización del trabajador para calcular su pensión. Ese periodo es actualmente de los últimos 15 años y fuentes del Ejecutivo apuntan a una prolongación, en un primer paso, hasta los 20 años. En el documento no se refleja ningún periodo y se justifica el cambio par evitar agravios en los trabajadores despedidos en el último tramo de su vida laboral.