El Gobierno ajusta el gasto a costa de obras y empleo público

30/01/2010 a las 00:00h.

«Queremos dar confianza y que todos sepan que vamos a hacer lo que tenemos que hacer». Con estas palabras justificaba la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, el plan de austeridad que recibió ayer el visto bueno del Gobierno y con el que se ... pretende reducir el déficit público desde el 11,4% del PIB con que cerró 2009 -casi 20.000 millones por encima de lo previsto- hasta el 3% que se quiere alcanzar en 2013 para cumplir las exigencias de Bruselas. Las infraestructuras y los empleados públicos serán los principales afectados por el recorte.

La credibilidad de la política fiscal española se ha estado poniendo en entredicho en los últimos meses. Los mercados han castigado a nuestra deuda, encareciendo el coste de financiarla, y economistas de uno y otro lado del Atlántico han exigido a España políticas audaces y reformas creíbles para garantizar el sostenimiento de las cuenta públicas. Es en este entorno en el que el Ejecutivo ha planteado un recorte del gasto del conjunto de las administraciones públicas de 50.000 millones de euros de aquí a 2013. Y de momento, se ha aprobado un plan de Acción Inmediata que recortará 5.000 millones adicionales al Presupuesto de 2010 que acaba de salir del Parlamento. Durante el mes de febrero los distintos ministerios presentarán al departamento que dirige Elena Salgado las partidas que van a recortar.

Propuestas para 2010

Además, la oferta de empleo público se reducirá al 10% de la tasa de reposición de efectivos y no habrá una sola contratación de personal interino. Esta propuesta choca con el acuerdo alcanzado con los sindicatos, que fijaba en un 30% la cobertura de puestos que quedaran vacantes durante este año.

Junto a este plan de acción inmediata, el Gobierno plantea también un plan de austeridad que se extiende desde 2011 a 2013, y que supondrá un recorte de otros 26.000 millones en este periodo. Del recorte se salvarán las pensiones, las prestaciones por desempleo, la ayudas a la dependencia y la inversión en educación e I+D+i y la ayuda al desarrollo. Por tanto, el ajuste se centrará fundamentalmente en infraestructuras, empleo público y gastos de funcionamiento.

Para hacer efectiva la puesta en marcha de estas medidas, el Gobierno se compromete a aprobar un plan de reestructuración del gasto público antes del 1 de mayo. En este plan se incluirá un plan de racionalización del gasto en el sector público empresarial.

Por el lado de los ingresos, el Gobierno descarta subir más los impuestos, aunque espera aumentos de la recaudación fruto de la reactivación económica.

Aunque la mayor parte del ajuste recaerá en el Estado, el Gobierno pretende involucrar a las comunidades autónomas y a los Ayuntamientos en este proceso, y para ello someterá a la aprobación del Consejo de Política Fiscal y financiera un acuerdo marco para lograr reducir el déficit público en 5,7 puntos, de los que 5,2 corresponderán al Estado. No obstante, Salgado reconoció que no se va a obligar a las comunidades autónomas a hacer este esfuerzo, sino que se apelará a su responsabilidad. Según los cálculos del Ejecutivo, las autonomías tendrán que reducir sus números rojos a la mitad desde 2009 a 2013, desde el 2,2% del PIB al 1,1%.