El Gobierno aplaza una semana la tercera reforma financiera

Una de las figuras más esperadas, la sociedad de gestión de activos, comúnmente conocida como el « banco malo» , se aplazará todavía más. El Gobierno dará luz verde a su creación el último día de agosto, pero la letra pequeña de este instrumento -que recogerá cuestiones clave como el precio de traslación de los pasivos- se recogerá en un desarrollo reglamentario en otoño, probablemente en octubre. En cualquier caso, el «banco malo» deberá estar listo y plenamente operativo en noviembre.

Hoy mismo los expertos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional tendrán un encuentro «de carácter técnico» con el Banco de España y Economía para tratar los detalles tanto de la figura del «banco malo» como del resto de la trasposición del memorando de entendimiento (MOU) firmado con Bruselas a la legislación española.

En cualquier caso, el borrador de la reforma ya ha desvelado las líneas generales de lo que será la tercera reforma financiera de este Gobierno y el sector al completo hace sus cábalas. El documento establece tres tipos de ayudas en función del estado de gravedad en que se encuentre la entidad. Así, que un banco sea liquidado o que, por el contrario, reciba ayudas para ser reestructurada dependerá de un dictamen que elabore el FROB.

En concreto, la norma establece que el Fondo deberá determinar si una entidad que «incumple de manera significativa los requisitos de solvencia» puede o no «reconducir la situación por sus propios medios». Eso sí, establece una excepción: «Si por el tamaño o grado de interconexión de una entidad, la liquidación puede poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero», entonces ésta no se llevará a cabo.

Este párrafo es, en el fondo, un guiño a Bankia y a sus nuevos gestores. La entidad que ahora preside José Ignacio Goirigolzarri es la cuarta entidad financiera del país, lo que la aleja de ser sometida a un proceso de «resolución ordenada», es decir, de liquidación. Otro caso muy distinto es el de entidades de menor tamaño que actualmente se encuentran nacionalizadas, como CatalunyaCaixa o Novagalicia, o de otras entidades que puedan verse en dificultades en el futuro y que quieren escapar de la liquidación.

Y es que la normativa eleva al 9% el mínimo de capital principal antes del 1 de enero de 2013. La nueva cifra es en parte superior a la que fijó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que estableció los requisitos de capital en el 8% para las entidades que no hubieran requerido ayuda pública y en el 10% para el resto. Las entidades que a 1 de enero de 2013 no cuenten con esta cifra de capital principal deberán presentar ante el Banco de España en 20 días hábiles la estrategia y calendario para cumplir con este nivel de solvencia antes del 30 de junio del próximo año.

En un plazo de 15 días hábiles, esas medidas tendrán que ser aprobadas por el Banco de España, que podrá exigir la inclusión de las modificaciones o medidas adicionales que considere necesarias para llegar a ese 9%.

En cualquier caso, no hay que olvidar que el borrador de la normativa también recoge la posibilidad de reestructurar las entidades. De hecho, esta es la hoja de ruta que se siguió en el caso de la entidad catalana y, aunque su subasta fue suspendida el pasado mes de junio, en la entidad confían en que se retomará lo antes posible, una vez se hayan concluido las auditorías al sector y se haya creado definitivamente en «banco malo».

Y es que, si bien el Gobierno ha establecido las bases para que las entidades inviables puedan ser liquidadas de forma ordenada, también quiere permitir que instituciones que puedan volver a ser rentables y hayan recibido ayudas tengan hasta siete años para devolverlas.