Las recetas del Congreso para la reconstrucción: más impuestos, sin regla de gasto y con «mochila austriaca»

La tensión se masticaba desde hace días, después de que el pasado miércoles el PSOE apoyara derogar la reforma laboral con Bildu y Podemos para, acto seguido tras solicitar y conseguir repetir la votación, se apoyara en el PP y Ciudadanos para oponerse a acabar con el marco laboral vigente. «Puedo afirmar que a la reforma laboral del PP no le van a quedar ni los palos del sombrajo», abundó ayer al respecto el portavoz de Podemos, Pablo Echenique. La vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, lo tildó de «error radical» y se opuso a nuevas subidas de impuestos.

A ello se le suma que finalmente la propuesta de Podemos de un impuesto a las grandes fortunas para recaudar 11.000 millones se ha quedado fuera del dictamen ante el «no» del PSOE. Pero las negociaciones no han acabado y la nueva fecha grabada a navaja es el próximo 22 de julio , cuando se votará el dictamen en el Pleno del Congreso de los Diputados. De momento, el marcador queda así: las 160 medidas económica s contaron ayer con el apoyo de PSOE, Podemos y Ciudadanos y el rechazo de PP, ERC, JpC, Bildu y BNG.

El PSOE reculó ayer y si el pasado miércoles había apoyado una propuesta de Más País-Equo para que las empresas que reciban ayudas no puedan repartir dividendos en dos años, tengan que cumplir con el Acuerdo climático de París y no pudieran operar o tener filiales en paraísos fiscales, ayer deshizo este movimiento. Finalmente pactó con Ciudadanos eliminar las condiciones, y contó con los votos del PP. «Qué fuerte», fue la expresión que se le escapó a la diputada de Más País-Equo, Inés Sabanés, quien interrumpió la Comisión de Reconstrucción para confirmar con el letrado que el cambio apalabrado por el PSOE con Cs anulaba lo acordado hace dos días.

Otra prueba de las diferencias políticas en el interior del Gobierno fue que la Comisión de Reconstrucción aprobó ayer incluir entre las conclusiones no aplicar la regla de gasto en 2020 y 2021 para que así los ayuntamientos y las comunidades autónomas puedan utilizar su superávit y remanentes. El único voto en contra fue del... PSOE , por lo que Unidas Podemos se unió a la enmienda transaccional promovida por JpC y acordada con PP, Cs, ERC, Compromís y Coalición Canaria. Su voto hizo posible que finalmente entre en las conclusiones.

Esta inédita unidad de apoyo entre PP, Ciudadanos y la formación morada, sin embargo, también tornó en drama. Unidas Podemos votó «por error» a favor de recomendar la puesta en marcha de un sistema similar a la «mochila austríaca» al unirse a PP, Ciudadanos, Coalición Canaria y Teruel Existe en el «sí» a una propuesta de JpC, a la que se opusieron PSOE, ERC y PNV . El diputado de Podemos, Ismael López, trató de repetir la votación para enmendar el «error» pero obtuvo el rechazo del presidente de la Comisión, el socialista Patxi López. La propuesta entró así entre las elegidas para el dictamen.

La «mochila austríaca» se trata de sustituir total o parcialmente la indemnización por despido por una «hucha» donde el trabajador guarda las aportaciones que hace la empresa por él (del 1,53% sobre el salario bruto) y se las puede llevar si cambia de empresa. De esta forma se fomenta la movilidad laboral entre empresas, aunque los críticos también señalan que abarata el despido. Esta medida, defendida por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño , se dejó fuera del pacto de Gobierno entre PSOE y Podemos por la oposición de la formación de Pablo Iglesias.

El bloque fiscal y tributario de la Comisión para la Reconstrucción arranca con el compromiso de reducir la brecha de ingresos públicos con la Unión Europea -un 39,2% del PIB frente al 46,5% de media continental, unos 80.000 millones de diferencia-. Para ello se propone hacerlo «sin limitar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de las empresas españolas». Tras esta introducción, el Congreso de los Diputados propone «implementar medidas tales como un impuesto a las transacciones financieras que realmente grave los productos más especulativos , como los productos derivados y las operaciones de alta frecuencia».

Ambos productos no estaban recogidos entre los que gravaba el proyecto de ley remitido por el Gobierno, que ha instado a las Cortes a habilitar el mes de julio para aprobar el proyecto de ley correspondiente, con lo que entraría en vigor en octubre como muy pronto, ya que este prevé un plazo de tres meses para su entrada en vigor. El impuesto grava con un 0,2% la compraventa de acciones de empresas españolas con más de mil millones de capitalización . Pese a la intención de no limitar el crecimiento, el Banco de España ha alertado que aprobar este impuesto de forma unilateral y no con el resto de Europa puede dar lugar a deslocalizaciones.

Curiosamente, una de las medidas que puede suponer un mayor caudal ingresos, salpica al sistema impositivo autonómico en lo que dependerá de la reforma de la financiación regional a la que se llegue. La Comisión de Reconstrucción señala que se modificarán los impuestos de Sucesiones y Patrimonio , sin abundar más. El Ministerio de Hacienda es proclive de una armonización tributaria. «Se revisarán los tributos que gravan la riqueza (Impuesto sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones), para recuperar su objetivo redistributivo y evitar las prácticas de evasión y elusión fiscal», recoge el documento de conclusiones. Sin embargo, para hacer esto es necesario reformar la financiación autonómica por ley orgánica y es preferible consultarlo con las comunidades autónomas.

Sin hablar tampoco de subir impuestos, la Comisión de Reconstrucción sí propone «desarrollar de manera efectiva una fiscalidad verde , basada en costes asociados a las emisiones de CO2 de las energías y armonizada en todo el territorio nacional y a nivel comunitario, según las recomendaciones de la Unión Europea». Precisamente, Bruselas ha tirado en repetidas ocasiones de las orejas a España por el reducido porcentaje de recaudación de sus impuestos medioambientales. La presión fiscal verde en la UE es del 6,1% sobre el total de tributos, mientras que en España está en el 5,4%. También aboga por eliminar eliminarán los privilegios fiscales a determinadas sociedades financieras como las Sicav.