Las pymes alertan: subir el SMI a 1.000 euros pondrá en jaque 130.000 puestos de trabajo

Según un estudio realizado por Randstad Research con la colaboración de Cepyme, un incremento del SMI hasta los 1.000 euros en catorce pagas (1.166,67 euros/mes) en 2022 (lo que supondría un alza del 5,3%), y un aumento intermedio del 2% (969 euros en 14 pagas, 1.130,50 euros/mes) tendría un impacto negativo sobre el empleo estimado de entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo desde su entrada en vigor hasta 2023, incluyendo tanto los empleos destruidos como los no creados como consecuencia del encarecimiento salarial.

El peligro se concentra demás en los sectores más afectados por la pandemia. «Más de la mitad de esta destrucción de empleo podría concentrarse en los sectores de hostelería y comercio , los más dañados con la actual crisis», concluye el informe, que recuerda que el aumento del 5,3% del SMI para 2022 supondría un incremento acumulado de más del 52,6% desde 2016. Cepyme y Ranstad advierten además de que «las consecuencias de este incremento incidirán especialmente en los jóvenes y en los trabajadores con menor cualificación, para los que será más difícil encontrar empleo o conservar el que tienen».

El documento llama la atención también sobre el hecho de que una parte importante de las comunidades autónomas ya cumplen el objetivo que se supone persigue el Gobierno al elevar el SMI: que el salario mínimo suponga el 60% del salario medio del territorio. En concreto, un incremento del SMI del 2% para este año (969 euros en 14 pagas, 1.130,50 euros al mes) dejaría en una proporción superior al 65% del salario medio en al menos 9 comunidades autónomas y superaría el 60% en 12 de las 17 comunidades y estaría por encima del 73% en dos de ellas.

España es el tercer país de Europa con mayor incremento del SMI acumulado –ajustado por paridad de poder adquisitivo– entre 2016 y 2021 (47,7%), tras Rumania y Lituania, y multiplica por cinco y por 10 los aumentos promedio de Alemania o Francia.

Según recuerda Cepyme, el incremento del SMI «es competencia exclusivamente del Gobierno, previa consulta con los agentes sociales, y que, como se recoge en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, deberán tenerse en cuenta factores como la evolución de la situación económica y del empleo, todavía en tasas inferiores a las del período precrisis, la productividad y la evolución del IPC que, aunque presenta un incremento del 3,3%, hay que recordar que se está comparando con 2020, un año fallido desde el punto de vista económico, con paralización de la actividad y caídas de los precios continuadas durante varios meses».