Las principales ayudas al alquiler y la compra incluidas en el plan de vivienda del Gobierno

El Ejecutivo ha propuesto este borrador del real decreto a comunidades autónomas (que disponen de las competencias para gestionar las ayudas), ayuntamientos y otros agentes del sector. Estos deberán presentar sus observaciones antes del 30 de mayo, con el objetivo de que entre en vigor el próximo 1 de enero . Las comunidades, que determinarán a quién se deben otorgar las ayudas de alquiler y compra de vivienda, podrán fijar límites inferiores a los propuestos por el Ejecutivo y condiciones de pago distintas .

El texto contempla, además, una batería de novedades con respecto al anterior programa (2013-2016, prorrogado durante el último Ejecutivo en funciones), especialmente en las líneas de ayudas al alquiler y a la compra para los menores de 35 años y para los que rebasen los 65 años. Estas son las principales medidas detalladas:

Se trata de un nuevo programa para ayudar a los jóvenes al alquiler o la adquisición de vivienda . Las personas de hasta 35 años (en el momento de la solicitud) pueden obtener hasta el 50% del alquiler mensual , siempre que la renta se sitúe entre los 600 y los 900 euros mensuales y los ingresos del solicitante resulten inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), equivalente a 22.365,42 euros anuales .

El programa también contempla incentivos no solo para el alquiler, sino también para la compra de vivienda. El Ejecutivo propone conceder hasta 10.800 euros , con el límite del 20% del precio de adquisición, para el pago de la entrada de la vivienda

Como requisitos, se exige que el inmueble por el que se perciben las ayudas constituya «la residencia habitual y permanente durante el periodo de las ayudas» y estipula que el titular de la vivienda no debe «ser propietario o usufructuario de una vivienda en España (excepto no disponibilidad por separación, divorcio o causas ajenas a su voluntad)». La vivienda debe «constituir su residencia habitual y permanente durante un mínimo de cinco años ».

En el caso de los mayores de 65 años se prevén también ayudas al alquiler, con subvenciones de hasta el 50% de la renta mensual para aquellas personas cuyos ingresos se hallen por debajo del mismo umbral que el especificado para los jóvenes . Este colectivo también podrá acceder a una línea de incentivos de 200 euros mensuales para cubrir los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros , en el supuesto de que los mayores dispongan de vivienda habitual y un patrimonio inferior a los 100.000 euros. Estas ayudas se concederán durante los tres años de vigencia del plan.

También se ofrecerá un programa para la promoción de edificios y complejos residenciales que cuenten con instalaciones y servicios comunes adecuados para personas mayores (deportivos, lavandería, sanitarios, restauración, entre otros). Se podrán beneficiar de ellas las administraciones, organismos y entidades de derecho público, empresas públicas y sociedades mercantiles participadas por las Administraciones públicas, así como fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública y ONGs y entidades privadas.

Las ayudas ascienden hasta 400 euros por metro cuadrado con un límite del 40% de la inversión , siempre que la residencia esté destinada a personas mayores de 65 años con ingresos inferiores a 4,5 veces el IPREM, y los beneficiarios no tengan vivienda en propiedad y un patrimonio inferior a 200.000 euros. Estas viviendas deben estar en alquiler durante 40 años.

Se amplía el límite de las rentas de alquiler hasta los 900 euros (desde los 600 anteriores) por el que los colectivos más desfavorecidos (hogares con menos de 22.365 euros de ingresos mensuales) podrán acceder a ayudas de hasta el 40% del alquiler . Las ayudas podrán extenderse durante un periodo de tres años.

De forma paralela, el Gobierno pretende aumentar la oferta de vivienda pública, a l agregar inmuebles «desocupados y disponibles» de la Sareb y de las entidades para que estas sean utilizadas en régimen del alquiler por personas en situación de desahucio. El precio de estos arrendamientos podrá ascender hasta los 400 euros por un plazo de dos años . Los inquilinos recibirán, asimismo, ayudas que podrían elevarse hasta dicho importe, en función de lo que determinen los servicios sociales.

Otro punto destacado es el que incluye ayudas a la construcción tanto a entidades públicas como empresas privadas de viviendas en alquiler (con servicios comunes adecuados en el caso de los mayores), así como a la rehabilitación de viviendas para su incorporación al mercado del alquiler y la mejora de su eficiencia energética y accesibilidad.